Cambios a la Ley de Salud Mental: qué busca el gobierno de Milei y cómo se debatirá en 2026
El avance del proyecto de cambios a la normativa se dará en paralelo con otras iniciativas que el Gobierno pretende debatir en el recinto mientras se espera la apertura de las sesiones ordinarias en marzo 2026.
El Gobierno nacional anticipó que continuará impulsando modificaciones a la Ley de Salud Mental vigente durante el próximo período de sesiones ordinarias del Congreso, en un nuevo intento por avanzar con un paquete de reformas que Milei considera necesarias para modernizar el marco normativo en esta materia. La iniciativa forma parte de una agenda legislativa más amplia que incluye otros proyectos de reforma promovidos por el Poder Ejecutivo.
Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, el avance del proyecto de cambios a la normativa se dará en paralelo con otras iniciativas que el Gobierno pretende debatir en el recinto, mientras se espera la apertura del ciclo ordinario de sesiones que comenzará en marzo próximo.
El texto en discusión propone las siguientes modificaciones:
- Revisiones a los mecanismos de atención.
- Internación y tutela de las personas con padecimientos psíquicos, con la intención de incorporar enfoques que permitirían agilizar procesos y fortalecer la coordinación entre diferentes niveles de atención.
La iniciativa ya había sido objeto de debate en ámbitos legislativos previos, pero no logró reunir los apoyos necesarios para convertirse en ley. Desde el entorno del Ejecutivo se explicó que la idea es que durante las sesiones ordinarias, los legisladores cuenten con los espacios de discusión suficientes para analizar cada uno de los artículos, en contraste con el tratamiento que el Gobierno impulsó a otros proyectos por fuera de ese cronograma.
Ley de Salud Mental: el Gobierno busca retomar la iniciativa de cambios a través del Ministerio de Salud
Se trata de una demanda que, en su mayoría, fue impulsada por familiares desde la sanción de la Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones, aprobada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013. Desde su implementación, la norma generó controversias vinculadas a su aplicación concreta. Si bien el objetivo central de la antimanicomialización apunta a garantizar los derechos de las personas dentro del sistema de salud, en la práctica ese enfoque mostró dificultades debido a la falta de dispositivos y recursos adecuados para llevarlo adelante de manera efectiva.
En ese marco, el Poder Ejecutivo busca retomar la iniciativa mediante el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, con la intención de avanzar en una serie de reformas. Entre los ejes centrales aparece la creación de centros especializados y la habilitación de internaciones para determinados casos, a partir de la intervención del Poder Judicial.
No se trata de un intento aislado: el gobierno de Javier Milei ya había procurado introducir estas modificaciones en oportunidades anteriores, incluso dentro del proyecto original de la Ley Bases, aunque finalmente esos puntos quedaron excluidos del texto que terminó siendo aprobado como parte de la denominada megaley.
Las reformas planteadas contemplaban:
- Facultar a los jueces para disponer medidas de atención urgente
- Establecer cuatro situaciones específicas en las que podría autorizarse la internación, siempre como un recurso terapéutico excepcional
- Habilitar la creación de establecimientos neuropsiquiátricos
- Otorgar al defensor la posibilidad de solicitar intervenciones terapéuticas
- Modificar los criterios de egreso y rehabilitación de los pacientes
- Redefinir la integración del Órgano de Revisión.
Los sectores profesionales vinculados a la salud mental y organizaciones de pacientes manifestaron distintas opiniones sobre la iniciativa. Algunos actores señalaron la necesidad de “adecuar la ley a las realidades contemporáneas del sistema de salud”, mientras que otros advirtieron sobre la importancia de respetar derechos adquiridos bajo el marco normativo actual.
La decisión del Gobierno de reactivar la reforma de la Ley de Salud Mental en sesiones ordinarias tiene lugar en medio de una agenda legislativa cargada y en un contexto en el que el Ejecutivo busca avanzar con normas consideradas prioritarias para su gestión, luego de que varios proyectos no pudieran tramitarse con la misma rapidez en períodos extraordinarios o bajo mecanismos de tratamiento exprés.
