El Gobierno apelará la decisión de la Justicia de anular el protocolo antipiquetes: “Vamos a defenderlo a toda costa”
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló en sus redes sociales que el protocolo “es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.
El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró este lunes la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” que puso en práctica la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle. Ante ello, el Gobierno comunicó que apelará la decisión.
Así lo afirmó la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su cuenta oficial de X, con un texto que tituló: “SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS”.
“Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina. No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar”, afirmó Monteoliva.
Y añadió: “Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.
Luego, las redes oficiales del Ministerio de Justicia publicaron un comunicado en la misma sintonía, afirmando que “se apelará esta decisión de la Justicia”.
“Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”, añade la publicación.
En tanto, el comunicado adjunto señala que “la Justicia ya ha validado el Protocolo en reiteradas ocasiones, y la gran mayoría de los argentinos respalda esta herramienta porque sabe que sin Protocolo vuelve el caos”.
Además, afirma que “desde su implementación, el Protocolo permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”.
La decisión de la Justicia con el protocolo antipiquetes
Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.
En el fallo, Cormick sostuvo -en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos- que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
