El protocolo antipiquetes seguirá vigente: la Justicia le concedió el recurso de apelación al Gobierno
La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló en sus redes sociales que el protocolo “no se suspende” y que “el orden no se negocia”.
Luego de que el juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declare este lunes la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes”, el Gobierno apeló la decisión y la Justicia le dio el visto bueno, por lo que el fallo quedó en suspenso hasta tanto resuelva la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
“Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende”, celebró en sus redes sociales la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Y añadió: “El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia”.
La apelación fue presentada por el director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad, Marcelo Cippitelli, quien pidió que la sentencia sea revocada.
Según explicó, el fallo declaró la nulidad del protocolo “sin encontrarse acreditados los recaudos necesarios” y favoreció “a un sector ínfimo de la sociedad que efectúa protestas al margen de la ley” por sobre “el interés de toda la población”.
“El amparo no se ha tornado en una vía procedimental ordinaria, perdiendo la excepcionalidad que la caracterizaba”, señala el escrito y afirma que la resolución “no impugna el derecho a la protesta frente al Estado, sino que regula la colisión de derechos entre particulares”.
La decisión de la Justicia con el protocolo antipiquetes
Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.
En el fallo, Cormick sostuvo -en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos- que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
