Movilización al Congreso: agrupaciones sociales preparan una manifestación en febrero para rechazar la reforma laboral
La convocatoria fue decidida por agrupaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y otras organizaciones piqueteras. Los detalles.
Los principales movimientos sociales y organizaciones piqueteras anunciaron que se movilizarán frente al Congreso durante febrero para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, ya que consideraron un ataque estructural a los derechos de trabajadores formales e informales. La convocatoria fue decidida por agrupaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y otras organizaciones piqueteras y sectores de izquierda, que anticiparon una presencia masiva en las calles pese a algunas concesiones que ya realizó el Ejecutivo.
La movilización está prevista para el día en que el Senado discuta el proyecto y la fecha tentativa sería el 11 de febrero. Para estos sectores, los cambios planteados en la iniciativa de “Modernización Laboral” no alteran el corazón del proyecto y en su lugar, profundizan la precarización laboral y debilitan el entramado sindical, según argumentan sus organizadores.
La reactivación del conflicto se produjo luego de que el presidente Javier Milei convocara mediante el decreto 24/2026 a un nuevo período de sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero, en el que la reforma laboral figura como uno de los ejes principales de la agenda oficialista al igual que la Ley de Glaciares. La Casa Rosada apunta a convertir la iniciativa en ley antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo.
En paralelo al reclamo social, el proyecto también enfrenta resistencia dentro del Senado, donde el oficialismo minoritario de La Libertad Avanza necesita sumar apoyos de otras fuerzas para alcanzar el quórum necesario para avanzar.
Qué dijo el secretario general de la UTEP sobre la reforma laboral
El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, advirtió que la reforma “está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, y señaló que el nuevo esquema de indemnizaciones “propone pagar menos, en cuotas y con fondos que hoy pertenecen a los jubilados”.
Además, rechazó el argumento oficial de que la quita de derechos generará más empleo formal: “Es algo nunca visto: quitarle derechos a unos para supuestamente beneficiar a otros. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”. Por su parte, el exsecretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, sostuvo que “no tiene un solo punto a favor de los trabajadores informales ni de la economía popular”, y remarcó que, para su sector, cualquier avance de derechos será imposible si la reforma prospera.
La negociación de la CGT con el Gobierno
La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene su rechazo al proyecto, aunque con una estrategia que apunta a negociar recortes de los artículos más lesivos desde una posición de “reducción de daños” que conserva la presión en las calles. La central sindical ya protagonizó una movilización masiva el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y no descarta nuevas medidas de fuerza, incluida la posibilidad de un paro nacional si no se modifican aspectos centrales de la reforma.
Entre las principales críticas sindicales figuran la flexibilización de las condiciones de trabajo, la reducción de indemnizaciones, la limitación del derecho de huelga, la ruptura de la negociación colectiva y el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
