Sesiones extraordinarias en marcha: cuáles son los proyectos de ley que quiere aprobar el Gobierno y qué respaldo tiene
El periodo de sesiones extraordinarias del Congreso comenzó el lunes 2 de febrero y se extenderá hasta el próximo 27.
Este lunes 2 de febrero, comenzó el período de sesiones extraordinarias del Congreso impulsado por el presidente Javier Milei que se extenderá hasta el 27 de febrero. El Gobierno buscará aprovechar ese plazo para avanzar con una agenda legislativa atravesada por dos ejes sensibles: la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil, iniciativas que ya generaron negociaciones complejas y resistencias en distintos sectores políticos y provinciales.
La convocatoria quedó establecida mediante el Decreto 24/2026, publicado el 19 de enero en el Boletín Oficial. La norma limita el debate parlamentario exclusivamente a los proyectos detallados en su anexo, lo que le permitirá al Ejecutivo fijar tanto el contenido como el alcance temporal de las discusiones, sin margen para incorporar temas por fuera del temario autorizado.
Con ese marco, la Casa Rosada apuntará a lograr avances concretos antes del inicio de las sesiones ordinarias previsto para el 1° de marzo. Si bien la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil concentran la atención principal, el oficialismo también mantiene abiertas otras discusiones de alto impacto político, como posibles modificaciones a la Ley de Glaciares y el tratamiento de una ley de emergencia vinculada a los incendios forestales en la Patagonia.
Para sostener la estrategia legislativa, el Gobierno combina encuentros de su mesa política, contactos directos con gobernadores y negociaciones con bloques aliados, en un escenario donde el respaldo parlamentario aún no está garantizado, especialmente en la Cámara Alta.
Sesiones extraordinarias del Congreso: cómo es la agenda legislativa del Gobierno
Dentro del listado de proyectos habilitados para las extraordinarias, figuran la Ley de Modernización Laboral, la Ley de Glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que todavía no fue remitido formalmente al Congreso.
En los últimos días, el Ejecutivo confirmó además la inclusión de la Ley Penal Juvenil y dejó abierta la posibilidad de sumar nuevas iniciativas. En ese contexto, tomó fuerza la opción de debatir una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, un reclamo de los gobernadores del sur en medio de los incendios forestales y que cuenta con el respaldo explícito del PRO, uno de los principales socios parlamentarios del oficialismo.
Reforma laboral: el capítulo de Ganancias complica los apoyos
La Reforma Laboral aparece como el proyecto más relevante del período extraordinario, pero también como el que concentra mayores objeciones. El punto de mayor conflicto con las provincias está vinculado al capítulo impositivo, en particular a la reducción del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, una modificación que afecta de manera directa la masa de fondos coparticipables.
El texto oficial propone reducir la alícuota del 30% al 27% para el segundo tramo y del 35% al 31,5% para el tercero. De acuerdo con estimaciones basadas en el Presupuesto 2026, el impacto total de la medida implicaría una caída de recaudación de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias. En promedio, las jurisdicciones dejarían de percibir cerca de $144.000 millones mensuales durante el 2027.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales para asegurar respaldos, dentro del Gobierno conviven posturas divergentes: un sector que pretende sostener el proyecto sin modificaciones y otro que evalúa introducir ajustes para facilitar su aprobación. El objetivo oficial es alcanzar la media sanción, aunque las negociaciones siguen abiertas.
En defensa de la iniciativa, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó que la reforma “fortalece los derechos de los trabajadores” y sostuvo que el proyecto apunta a impulsar el empleo formal mediante la reducción de costos que hoy desalientan la contratación.
Desde el interior del país, varios gobernadores que acompañan los lineamientos generales de la reforma condicionaron su apoyo a la implementación de mecanismos de compensación que atenúen la pérdida de recursos para sus distritos. Según informó TN, en la Casa Rosada se analiza un esquema de compensaciones paralelas para las provincias con el objetivo de amortiguar el impacto fiscal de la reducción de fondos coparticipables, que comenzaría a aplicarse a partir de 2027 si la ley es aprobada.
Ley Penal Juvenil: la baja de la edad de imputabilidad, en discusión
Otro de los proyectos que el Gobierno busca instalar en el debate de extraordinarias es la Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad. La intención original del Ejecutivo es fijarla en 13 años, aunque fuentes oficiales admiten que podría elevarse a 14 si ese cambio resulta clave para alcanzar consensos.
La inclusión del proyecto fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de Twitter, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada. En la misma línea, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reclamó su tratamiento inmediato.
El antecedente más cercano se remonta al 2025, cuando un plenario de comisiones en Diputados avanzó con un dictamen que proponía bajar la edad a 14 años, estableciendo penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde los bloques dialoguistas, surgieron cuestionamientos por la falta de infraestructura y recursos, mientras que en el PRO alertaron que una baja a 13 años duplicaría la cantidad de menores alojados en el sistema penal.
El oficialismo prevé que el debate comience en Diputados durante la segunda semana de febrero y no descarta que el tratamiento en el Senado quede postergado para el inicio de las sesiones ordinarias.
Cómo vienen las negociaciones del Gobierno previo a las sesiones extraordinarias
En la antesala del inicio formal de las extraordinarias, el Gobierno reunió a su mesa política en Casa Rosada el pasado jueves 29 de enero para definir la hoja de ruta legislativa. El encuentro fue encabezado por Adorni y contó con la participación de Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Bullrich y Santiago Caputo.
Además, Bullrich mantuvo reuniones con referentes de los bloques dialoguistas del Senado y aseguró que el acuerdo en torno a la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció objeciones puntuales por parte de algunos legisladores.
En paralelo, la oposición intensificó la presión sobre los gobernadores para frenar el avance del proyecto de Reforma Laboral. El senador Mariano Recalde advirtió que “hay un pelotón de 15 senadores que todavía no definieron su voto” y respaldó el rol de la CGT en el rechazo a la iniciativa. En ese contexto, los gremios más combativos anunciaron movilizaciones para el día en que el Senado trate la reforma, que sería el próximo 11 de febrero.
La tensión política se profundizó tras el cruce entre el Gobierno y el gobernador bonaerense Axel Kicillof: el mandatario provincial cuestionó el proyecto y Adorni y Santilli respondieron con fuertes críticas en redes sociales, elevando el nivel de confrontación entre Nación y la provincia de Buenos Aires en la antesala del debate parlamentario.
