La Reforma Laboral se discutirá esta semana en medio de dichos contrapuestos. El Gobierno afirma que están los votos para aprobarla, el gobernador de Salta denuncia aprietes a los legisladores y el resto de los gobernadores continúan presionando para evitar la pérdida de la coparticipación.
En cuanto a la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas que está incluida en el proyecto de ley, la misma recorta la coparticipación provincial y se estima una pérdida de hasta 3 billones de pesos. El Gobierno sostiene que es una cuestión de aumentar la rentabilidad y la inversión.
Los gobernadores aliados como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), entre otros, apoyan la reforma laboral, sin embargo, exigen que Nación asuma el costo fiscal o que la medida se postergue hasta 2027.
Por otro lado, los mandatarios Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Axel Kicillof (Buenos Aires) continúan firmes en el rechazo a la reforma, con o sin Impuesto a las Ganancias.
Quiénes son los más perjudicados
La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), sindicato que representa a los trabajadores del ARCA, estimó que las modificaciones tributarias contempladas en la reforma laboral implicarán una caída de la recaudación anual total equivalente al 1,3% del PBI.
En su informe, Buenos Aires es la provincia más afectada con una pérdida de casi 398 mil millones de pesos. Le siguen Santa Fe y Córdoba con alrededor de 161 mil millones de pesos en pérdida.
En un segundo nivel se encuentra Chaco, con una caída de $90.244 millones. Le siguen Entre Ríos, con una merma de $88.328 millones, y Tucumán, que pierde $86.063 millones. Más atrás aparecen Mendoza, con una reducción de $75.436 millones; Santiago del Estero, con $74.739 millones; y Salta, con $69.338 millones. Luego se ubican Corrientes, con una pérdida de $67.247 millones, y Formosa, que resignaría $65.854 millones.
Cambios en el Fondo de Asistencia Laboral
Si se analiza la pérdida fiscal asociada a la medida, debe tenerse en cuenta que el proyecto redirige tres puntos de las Contribuciones Patronales al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). De este modo, esos recursos dejarían de ingresar a la Seguridad Social para pasar a un fondo privado encargado de financiar las indemnizaciones, lo que reduciría los costos de los empleadores, que ya no asumirían directamente los despidos.
Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, esta modificación implicaría una merma de recursos estatales cercana a los 2.500 millones de dólares anuales, en línea con las estimaciones del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD-UNSAM). En términos del producto, la pérdida representaría alrededor del 0,5% del PBI, de acuerdo con datos de la AEFIP.
