Imputan a once policías de Santa Fe tras las protestas salariales en Rosario
La Fiscalía Regional de Rosario acusó a once agentes por presunto incumplimiento de deberes y abuso de autoridad luego de las manifestaciones frente a la Jefatura Regional II, donde efectivos reclamaron mejoras salariales y laborales. Los policías continuarán en libertad mientras avanza la causa, y algunos enfrentan además sumarios administrativos que podrían afectar su futuro dentro de la fuerza.
La situación interna de la Policía de Santa Fe volvió a tensarse después de que la Fiscalía Regional II de Rosario resolviera imputar a once agentes por su participación en las protestas salariales que se desarrollaron frente a la Jefatura Regional II.
La medida judicial se formalizó a partir de una resolución firmada por los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina, integrantes de la Unidad Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Los cargos que recaen sobre los efectivos incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, delitos que habían sido señalados previamente en la denuncia presentada por el Gobierno provincial.
Los policías fueron notificados mediante una audiencia virtual, un procedimiento que permitió avanzar con la imputación sin la necesidad de trasladar a los involucrados. A pesar del avance de la causa penal, todos permanecerán en libertad mientras continúa la investigación, lo cual no impide que sigan enfrentando medidas administrativas dentro de la fuerza.
En paralelo, el Gobierno de Santa Fe decidió pasar a disponibilidad a 20 efectivos que habían participado activamente en las manifestaciones, una decisión que reforzó la tensión dentro de la estructura policial. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la imputación no se debe a la sola participación en una protesta, sino a comportamientos considerados graves, como el bloqueo de patrulleros o abandono de tareas durante los días de conflicto.
Según sostuvo, la investigación seguirá adelante para individualizar y sancionar conductas que, a criterio de la cartera, pusieron en riesgo la prestación del servicio y la seguridad pública. Las protestas comenzaron la noche del lunes 9 de febrero, cuando distintos sectores de la Policía de Santa Fe se congregaron frente a la Jefatura Regional II para exigir recomposición salarial, mejores condiciones laborales y mayor claridad en los mecanismos de liquidación salarial. Durante las jornadas de protesta, los manifestantes realizaron quema de neumáticos y un “sirenazo” que se extendió hasta el miércoles 11, momento en el que la tensión alcanzó su punto más alto ante la falta de respuestas inmediatas de las autoridades.
Si bien la denuncia inicial del gobierno apuntaba a 20 policías, solo once terminaron finalmente imputados y puestos a disponibilidad. La abogada defensora, Nahir Moreno, explicó que la reversión del pase a disponibilidad permitiría a algunos agentes volver a cumplir funciones, pero remarcó que la existencia de un sumario administrativo implica posibles sanciones disciplinarias, limitaciones en ascensos e incluso la posibilidad de una exoneración futura si la causa penal avanza. Además, advirtió que, de reactivarse la imputación formal, los efectivos podrían volver a ser separados de sus cargos.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, el Gobierno provincial intenta ordenar la situación con propuestas salariales destinadas a recomponer el vínculo con el personal de la fuerza.
