Financiamiento Universitario: el Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar una nueva ley
La propuesta oficial no busca derogar la ley vigente —aprobada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso—, sino modificar el esquema de actualización presupuestaria y financiamiento de las universidades nacionales.
El Gobierno nacional sostiene que cuenta con los votos necesarios para aprobar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, aun cuando la discusión parlamentaria no se concretará durante las sesiones extraordinarias y se retomaría recién en marzo. Según la información relevada, la Casa Rosada había intentado avanzar esta semana con el tratamiento: primero dictaminar el proyecto en comisión y luego llevarlo al recinto al día siguiente. Sin embargo, la estrategia se pospuso para el mes próximo. El decreto que amplía las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero incluiría el envío de esta iniciativa legislativa.
La propuesta oficial no busca derogar la ley vigente —aprobada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso—, sino modificar el esquema de actualización presupuestaria y financiamiento de las universidades nacionales. Para ello, funcionarios de Educación, entre ellos el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el fin de acercar posiciones y negociar puntos sensibles del proyecto. Estas conversaciones indican que el Gobierno intenta asegurar consensos básicos con las autoridades universitarias, aunque el contenido final aún no está cerrado.
El contexto de esta iniciativa es complejo: el sistema universitario viene atravesando una fuerte tensión presupuestaria desde 2023. En distintos momentos de los últimos dos años, el Congreso aprobó leyes orientadas a actualizar el financiamiento, pero el Poder Ejecutivo vetó estas normas alegando que implicaban costos fiscales demasiado elevados y que no contaban con fuentes de financiamiento claramente identificadas. Por ejemplo, el veto de 2024 argumentó que aplicar la ley hubiese requerido recurrir a mecanismos extraordinarios que comprometerían la sostenibilidad fiscal. A pesar de ello, amplias mayorías parlamentarias insistieron con propuestas para recomponer fondos operativos y salarios docentes, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para revertir los vetos.
Cómo sería la nueva ley
En este marco, la nueva iniciativa del Gobierno apuntaría a rediseñar el sistema de actualización de fondos para gastos de funcionamiento y salarios, probablemente incorporando mecanismos vinculados a la inflación o a criterios de distribución revisados. Si bien los detalles no fueron difundidos por completo, la negociación con el CIN sugiere que uno de los objetivos es establecer una metodología previsible y menos conflictiva para asignar recursos.
Las discusiones legislativas de los últimos años muestran que el financiamiento universitario se ha convertido en un eje central de la disputa política, con fuertes cruces entre el Gobierno y la oposición. Esta última ha defendido reiteradamente la necesidad de garantizar la estabilidad presupuestaria de las universidades para evitar la paralización de actividades, el deterioro salarial y la caída en el poder adquisitivo de docentes e investigadores. Desde el oficialismo, en cambio, se insiste en que cualquier esquema debe ser fiscalmente sostenible y compatible con las metas económicas generales.
El Gobierno asegura contar con los consensos legislativos necesarios y se prepara para relanzar el debate en marzo, con una versión modificada de la ley vigente y con negociaciones en curso con el CIN. El desenlace dependerá de cómo avance la discusión parlamentaria, del clima político en torno a los vetos previos y de la capacidad de las autoridades para articular un acuerdo que satisfaga tanto las demandas universitarias como los condicionamientos fiscales.