A una semana de su aprobación en el Senado, el Gobierno promulgó la Ley de Modernización Laboral
Así da inicio inmediato a una de las reformas más profundas del sistema laboral argentino. La norma introduce cambios en indemnizaciones, jornada de trabajo, registración y aportes, con el objetivo oficial de reducir la litigiosidad y fomentar la formalización del empleo, mientras persisten las críticas de sectores que advierten sobre posibles retrocesos en derechos adquiridos.
El Gobierno nacional oficializó la nueva Ley de Modernización Laboral, un paso clave en la reconfiguración del marco normativo que regula el empleo en Argentina. La decisión se formalizó mediante el Decreto 137/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto con miembros del gabinete, tras la revisión final del texto aprobado en el Senado la semana previa. Según lo informado por medios nacionales, la norma fue publicada en el Boletín Oficial y comenzó a regir de inmediato, convirtiéndose en uno de los hitos legislativos más relevantes del actual período de sesiones extraordinarias.
El proceso legislativo que culminó con la promulgación fue extenso y atravesó varias instancias de debate en ambas Cámaras. Entre los cambios que se consolidaron en la versión definitiva, se eliminaron artículos que generaban controversias significativas, como aquellos relacionados con modificaciones en el régimen de licencias médicas. Esta depuración del texto respondió tanto a cuestionamientos de la oposición como a pedidos de sectores sindicales y empresariales que participaron activamente del debate.
La nueva ley introduce transformaciones profundas en diversos aspectos del sistema laboral argentino. Uno de los ejes más destacados son las indemnizaciones por despido, cuyo cálculo ahora excluye ítems tradicionales como las vacaciones proporcionales, el aguinaldo, las propinas o ciertos premios. Además, se establece un rango entre un piso del 67% de la remuneración habitual y un techo equivalente a tres veces el salario promedio del convenio colectivo correspondiente. Estas modificaciones buscan —según el Gobierno— otorgar mayor previsibilidad y reducir costos asociados a la terminación de la relación laboral.
Otro cambio significativo se vincula al pago de salarios, que deberá realizarse exclusivamente mediante cuentas bancarias, dejando sin efecto la posibilidad de utilizar billeteras virtuales. En paralelo, la ley incorpora mecanismos que apuntan a modernizar la gestión administrativa de las relaciones laborales, como la obligatoriedad de digitalizar los libros laborales y la simplificación de los procesos de registración, cuyo cumplimiento podrá acreditarse a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin necesidad de otros trámites complementarios.
También se habilita la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que exista un acuerdo escrito entre empleador y trabajador. A su vez, se crea un “banco de horas”, un instrumento que permitirá compensar horas extraordinarias con descansos en lugar de pagarlas como adicional salarial. Según especialistas consultados durante el debate legislativo, esta modalidad se acerca a esquemas utilizados en otros países y facilita mayor flexibilidad en la organización del trabajo.
Por último, la ley redefine ciertos aportes patronales y sindicales, fija límites y habilita un esquema de transición hacia sistemas voluntarios a partir de los próximos años. Estas modificaciones pretenden, según el oficialismo, fortalecer la formalización del empleo y reducir la litigiosidad laboral, uno de los problemas que —afirman— desalienta la contratación en el país.
En conjunto, la promulgación de la Ley de Modernización Laboral abre una nueva etapa en la regulación del trabajo en Argentina. Mientras el Gobierno la presenta como una herramienta para dinamizar la economía y formalizar el empleo, sectores de la oposición y algunos gremios sostienen que ciertos cambios podrían afectar derechos adquiridos. El impacto real de la reforma comenzará a observarse en los próximos meses, cuando empresas, trabajadores y tribunales comiencen a aplicar el nuevo marco normativo.
