Causa por YPF: el Gobierno solicitó a la Justicia de Estados Unidos suspender el proceso de discovery
Se trata de la medida que tomó la jueza Loretta Preska, quien solicitó comunicaciones electrónicas de funcionarios y exfuncionarios argentinos para determinar el vínculo entre YPF y el Estado luego intentar embargar activos del país y de esta forma, sustanciar el pago de su sentencia.
La Procuración del Tesoro de la Nación le solicitó a la Justicia de Estados Unidos suspender “de forma inmediata” el proceso de discovery, en el marco del juicio por la exporpiación de la petrolera YPF. El órgano que dirige el procurador Sebastián Amerio pidió una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para la suspensión de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery) del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de este año.
Se trata de la medida que tomó la jueza Loretta Preska, quien solicitó comunicaciones electrónicas de funcionarios y exfuncionarios argentinos para determinar el vínculo entre YPF y el Estado luego intentar embargar activos del país y de esta forma, sustanciar el pago de su sentencia.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los abogados en representación del país realizaron una presentación para pedir la suspensión basada en los “fundamentos sólidos” que existen para revertir la decisión apelada. Entre ellos, señalan la “incorrecta apelación del derecho argentino” y el “fórum non conveniens”.
A su vez, advirtieron que la continuidad del discovery “ocasiona un prejuicio irreparable para la soberanía nacional”, pudiendo impactar en la “previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras”. También se destacó que el interés público aconseja “evitar impactos en las relaciones exteriores” y “posibles ineficiencias procesales” si la decisión de fondo torna “abstractas” las controversias vinculadas a la ejecución.
Cabe señalar que Argentina cumplió ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 117.500 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango. Además, también se destacó la entrega de más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz.
Sin embargo, los demandantes solicitaron que el país sea declarado “en desacato” y que se le impongan sanciones, hecho que Argentina consideró como “improcedente y desproporcional”. En otro tramo de la presentación, se mencionó el respaldo que recibió el país del Departamento de Justicia norteamericano, que presentó un documento a favor de la Argentina ante el tribunal de la jueza Preska.
En última instancia, la Procuración indicó que se seguirán ejerciendo todas las acciones y recurso jurídicos previstos para “resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público”. Y expuso: “Se sostendrá una defensa firme y consistente del interés nacional y de su soberanía frente a cualquier medida que considere contraria al orden jurídico argentino y a las normas fundamentales que rigen las relaciones entre Estados”.
