Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral.
Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

El gobierno de Javier Milei comenzó a articular su estrategia de respuesta luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) haya hecho una presentación judicial en contra la Reforma Laboral, que ya fue promulgada este viernes 6 de marzo tras la sanción en el Congreso. El Ejecutivo se prepara para litigar en Tribunales y según fuentes oficiales, uno de los ejes principales de su defensa será cuestionar la legitimación de la central obrera para impulsar el reclamo por los aspectos institucionales de la ley.

La presentación judicial realizada por la CGT se concentra en el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En su escrito, la central sindical advirtió que dicha modificación podría derivar en un colapso del sistema judicial afectando la continuidad de miles de causas en trámite.

En este sentido, el reclamo gremial objeta la definición de la competencia del fuero contencioso administrativo federal para resolver determinados litigios. La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso N° 7 a cargo de Enrique Lavie Pico bajo el procedimiento de acción de amparo.

Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

Reforma Laboral: qué piensa hacer el Gobierno tras la judicialización de la CGT

La postura es de firmeza. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que se encuentran analizando el escrito presentado por los abogados de la CGT y que responderán formalmente cuando los plazos procesales lo requieran.

El diseño de la defensa fue puesto bajo la supervisión de Sebastián Amerio, quien asumió este viernes como titular de la Procuración General del Tesoro. Además, el Ejecutivo sostuvo que la CGT carece de la legitimación activa necesaria para cuestionar el rediseño del sistema judicial laboral propuesto en la reforma.

Dentro del oficialismo, el planteo de la CGT es interpretado como el inicio de una serie de disputas judiciales que se replicarán en el corto y mediano plazo. De hecho, los funcionarios anticipan que es probable que surjan nuevas acciones individuales por parte de otros gremios y trabajadores.

Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Frente a esta situación, el Gobierno dejó clara su hoja de ruta: apelarán en todas las instancias judiciales posibles incluyendo la Cámara Nacional de Apelaciones en un proceso que, según estimaciones oficiales, podría extenderse durante meses hasta alcanzar una resolución en la Corte Suprema de Justicia.