Fentanilo contaminado: la Auditoría General de la Nación avanza en una revisión sobre la ANMAT
Familiares de víctimas asistirán a un taller de planificación participativa para definir los pasos a seguir.
La Auditoría General de la Nación (AGN) avanza en una auditoría sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la causa por fentanilo contaminado. De cara a los próximos días, se espera que este jueves 26 de marzo familiares de víctimas asistan a un taller de planificación participativa para definir los pasos a seguir.
De acuerdo al escrito revelado por la Agencia Noticias Argentinas, la AGN reactivó su intervención y convocó a familiares de víctimas del fentanilo a un taller de planificación participativa para definir una auditoría de gestión sobre la ANMAT. El encuentro se realizará este jueves 26 de marzo a las 10:30 en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
“La convocatoria se da en un contexto crítico: una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales -incluyendo al Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME- y una comisión investigadora cuyos informes aún no se han traducido en respuestas concretas, mucho menos en cambios estructurales”, indicaron en un comunicado.
Según la investigación judicial por parte del juez Ernesto Kreplak y los informes de la comisión, “la causa del fentanilo adulterado dejó al descubierto una secuencia crítica de fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad y retiro que no logró actuar a tiempo”. A fines de enero de 2026, la Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de los fallecidos por el opioide adulterado en el que se confirmó que son 111 víctimas fatales.
El análisis se llevó a cabo durante la feria judicial, período en el que se evaluaron un total de 159 casos. De ese número, 48 pacientes sobrevivieron. Respecto a la situación judicial, hay catorce procesados y detenidos, entre ellos, Ariel García Furfaro, el propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A y considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
Al empresario se le acusa haber intervenido, junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios, “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31.202 perteneciente al opioide, que se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”. “Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostuvo el escrito.
Fentanilo contaminado: las recomendaciones sanitarias del informe de la Comisión Investigadora
- Establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides y/o fentanilo
- La declaración del origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, constitución o ampliación del establecimiento
- Implementar un esquema de auditorías en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
- Instaurar un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter previo a la producción de derivados del fentanilo.
- Crear un sistema de trazabilidad inalterable que contemple las etapas desde la adquisición de opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada para la elaboración de fármacos y la entrega a droguerías y efectores, asegurando su registro desde el ingreso al establecimiento de salud, su dispensación en farmacia hospitalaria, la cadena de custodia y su administración final al paciente.
- Disponer la actualización y fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud —tanto públicos como privados— que omitan o incumplan la obligación de notificación en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
- Requerir a la ANMAT realice las modificaciones necesarias del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deban tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados.
- Mejorar los mecanismos de alerta sanitaria y de los Procedimientos para el Retiro de Productos Farmacéuticos, de manera tal que ante el incumplimiento en la obligación de recupero de productos por parte de la empresa (laboratorio y/o droguerías), lo realizará la autoridad de aplicación con cargo a la empresa quien deberá solventar las erogaciones.
- Homologar y fortalecer el control de los sistemas de comercialización de medicamentos y la distribución que dispensan las provincias al sector público.
- Garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.372 y de todos los derechos de las personas víctimas de delitos, en particular la asistencia integral física, psicológica y social, dotando al Centro de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) de todas las herramientas y recursos a esos fines.
