El Gobierno pisa el acelerador con tres proyectos clave en el Congreso, mientras busca generar consensos
Con Manuel Adorni listo para presentarse el 29 de abril en Diputados, el oficialismo se mueve para ordenar proyectos clave, negociar apoyos y avanzar con reformas que van desde la desregulación hasta cambios en la propiedad privada.
El Gobierno nacional acelera en el Congreso con varios proyectos clave sobre la mesa: la llamada “Ley Hojarasca”, el envío de pliegos para cubrir vacantes en la Justicia y una iniciativa para reforzar la propiedad privada.
Así, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya tiene fecha pactada para su debut en Diputados, que será el próximo 29 de abril, cuando presente su primer informe de gestión.
Movimientos y activación política
En los últimos días, Adorni se reunió con la senadora Patricia Bullrich para ordenar qué proyectos se van a tratar primero. También tuvo un encuentro con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con quien avanzó en dos temas sensibles: la reforma del Código Penal y el envío de 62 pliegos para cubrir cargos vacantes en la justicia federal.
Entretanto, en el Senado también empezó a moverse el tablero. La Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto, ya convocó para tratar el pliego del camarista Carlos Mahiques, con el objetivo de extender su permanencia en la Cámara Federal de Casación Penal por cinco años más.
Otro punto fuerte de la agenda por estos días es la “Ley Hojarasca”, la cual es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La idea es bastante directa y pretende eliminar normas que el Gobierno considera viejas, innecesarias o incluso incompatibles con la Constitución. Es parte de una estrategia más amplia para simplificar el marco legal y avanzar con reformas estructurales.
A eso se suma el proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que ya ingresó en el Senado. La iniciativa busca modificar leyes clave como Expropiaciones, Tierras y Manejo del Fuego, con el argumento de dar más seguridad jurídica. Según el Ejecutivo, se trata de garantizar plenamente el derecho de propiedad y evitar restricciones que considera injustificadas.
En definitiva, el proyecto pretende cambiar cómo se calculan las indemnizaciones por expropiación, dado que se limitarían al valor de mercado y a los daños directos, dejando afuera ganancias hipotéticas.
También establece que no se puede transferir un bien sin que se pague completamente y pone un límite de 60 días para las ocupaciones temporarias. En casos de desalojos, busca agilizar los procesos, incluso habilitando el uso de la fuerza pública para hacer cumplir las decisiones judiciales.
Pero lo cierto es que todas estas medidas y/o propuestas precisan de votos, y el oficialismo sabe que no le alcanza solo para generar el quórum. Por ello, se vuelve clave generar consensos y mayorías con los sectores más dialoguistas, tales como el PRO y la UCR.
No olvidar el rol del ministro del Interior, Diego Santilli, quien se perfila como una pieza fundamental en esto de generar consensos en las provincias, de las cuales tanto necesita el oficialismo para hacer que su agenda y propuestas se aprueben.
