Javier Milei en el Congreso.
Javier Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

La Cámara Contencioso Administrativo Federal otorgó este jueves 7 de mayo un guiño clave al Gobierno en el marco del conflicto por el financiamiento universitario. La Sala III habilitó el traslado del expediente directamente a la Corte Suprema y permitió que el máximo tribunal tome cartas en el asunto sobre la validez y ejecución de la ley que la Casa Rosada busca frenar.

A través de un recurso extraordinario concedido por los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, el Estado logró que se revise la medida cautelar que lo forzaba a actualizar de forma urgente los salarios de docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles. Si bien el fallo no anuló la obligación actual de pagar, el hecho de que la Corte intervenga representó un tanque de oxígeno para la estrategia del gobierno de Javier Milei.

El tribunal consideró que aunque no se trata de una sentencia final, la discusión involucra la interpretación de diversas leyes federales de presupuesto y administración. Desde Casa Rosada insisten en que la Ley de Financiamiento Universitario no especifica de dónde deben salir los recursos, poniendo en jaque el objetivo del equilibrio fiscal.

Anteriormente, la misma Cámara había fallado en contra del Gobierno argumentando que no se podía ignorar una ley del Congreso basándose en normas anteriores. Sin embargo, ahora aceptan que la Corte Suprema sea quien defina si la implementación debe ser inmediata o si puede ajustarse a la capacidad de las arcas públicas.

Marcha contra el desfinanciamiento universitario.
Marcha contra el desfinanciamiento universitario. Foto: NA

El futuro del presupuesto en educación en 2026

Mientras la batalla legal se traslada al cuarto piso de Tribunales, el Gobierno ya trabaja en un plan paralelo:

  • Nueva legislación: buscan consensuar una ley que alivie el peso fiscal de la norma actual.
  • Pagos graduales: la intención oficial es que las partidas se actualicen de manera mensual y escalonada durante el ejercicio 2026, evitando desembolsos retroactivos masivos.
  • Expectativa universitaria: desde instituciones como la UBA ya descuentan que, con este nuevo recorrido judicial, los pagos totales podrían demorarse y que cualquier ejecución futura será, probablemente, en cuotas.