Reforma de la Ley de Ética Pública: los puntos clave del proyecto del Gobierno para endurecer el control sobre los funcionarios
Si bien esta reforma no es una prioridad de corto plazo, en Balcarce 50 estiman que podría ser enviada al Congreso durante el transcurso de 2026. Los detalles.
El Gobierno se encuentra trabajando en una propuesta para reformar la Ley de Ética Pública con el objetivo de endurecer las normas de comportamiento para quienes ocupan cargos en el Estado. La intención central es delimitar con mayor rigurosidad el uso de recursos públicos -como oficinas, teléfonos y vehículos- para evitar que sean utilizados en actividades de índole partidaria o política.
Desde el Ejecutivo señalaron que buscan establecer fronteras más nítidas entre la función pública y la militancia. Un caso concreto que se pretende regular es, por ejemplo, la realización de llamadas con fines partidarios desde teléfonos oficiales dentro de edificios públicos.
Los puntos clave de la reforma de la Ley de Ética Pública
Aunque la legislación vigente ya contempla deberes de conducta generales, este proyecto busca aterrizar esas pautas en situaciones específicas:
- Uso de tecnología: se regulará el empleo de correos institucionales y la actividad en redes sociales.
- Gestión de recursos: se pondrá el foco en el uso de vehículos oficiales y en la organización de actos de campaña desde dependencias estatales.
- Protección al empleado: se busca evitar la presión sobre subordinados y el pedido o recaudación de aportes económicos con fines políticos dentro del ámbito laboral.
- Teletrabajo y tiempo laboral: se analizarán los límites de la actividad política durante las horas de servicio.
La Casa Rosada toma como referencia la Hatch Act de los Estados Unidos adaptándola a la realidad local. Este modelo restringe la actividad partidaria mientras el agente está de servicio, viste uniforme o utiliza bienes del Estado, previendo castigos que pueden llegar hasta el despido. Además, un punto fundamental es la protección de los trabajadores para que no sufran represalias si se niegan a participar en campañas o a financiar partidos políticos.
Si bien esta reforma no es una prioridad de corto plazo, en el Gobierno estiman que podría ser enviada al Congreso durante el transcurso de 2026. El proyecto forma parte de un paquete de 90 iniciativas legislativas que el oficialismo tiene en carpeta para este año.
Cabe destacar que este esquema es independiente de la denominada ley “anticasta” promovida en 2024, que se centraba en topes salariales y privilegios. El propio presidente Javier Milei ya había manifestado su firme intención de avanzar en este sentido en abril de 2025, cuando publicó en sus redes sociales: “Vamos a full y sin atenuantes con la Ley de ÉTICA PÚBLICA..!!!”. En paralelo, este debate convive con la discusión sobre Ficha Limpia dentro de la reforma electoral integral.
