El Gobierno avanza contra la Ley de Etiquetado Frontal: ¿qué pasará con los octógonos negros?
El Poder Ejecutivo impulsa la eliminación total de la norma sancionada en 2021 y cuestiona sus efectos técnicos, económicos y regulatorios. El proyecto lleva las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni y Mario Lugones.
El Gobierno nacional avanzó formalmente con su intención de eliminar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal. Este sábado, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para derogar completamente la normativa vigente y solicitó al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la iniciativa.
El texto oficial lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. La iniciativa propone eliminar en su totalidad la ley sancionada en 2021, lo que implicaría la desaparición de los octógonos negros de advertencia en los envases de alimentos y bebidas, además de las restricciones vinculadas a publicidad infantil, promociones comerciales y entornos escolares.
Según argumentó el Ejecutivo en el proyecto enviado al Parlamento, la implementación del sistema actual mostró severas “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que, a criterio del Gobierno, justifican su derogación.
Las críticas al sistema de etiquetado vigente
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la Casa Rosada apunta al modelo nutricional adoptado por la normativa, basado en parámetros definidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En el documento, el Ejecutivo sostiene que el esquema actual aplica criterios homogéneos sobre productos alimenticios muy diferentes entre sí, sin contemplar porciones reales de consumo ni densidad nutricional.
De acuerdo con el texto oficial, esto provoca que alimentos considerados tradicionales o con aportes nutricionales positivos reciban advertencias similares a las de productos ultraprocesados, generando “interpretaciones simplificadas o poco precisas” y confusión entre los consumidores.
El Gobierno también cuestionó la estructura “binaria” del sistema, señalando que el modelo actual no reconoce ni incentiva mejoras graduales realizadas por las empresas en la composición de sus productos.
El impacto sobre PyMEs y el Mercosur
Otro de los ejes centrales del proyecto se relaciona con las dificultades operativas y comerciales derivadas de las diferencias regulatorias dentro del Mercosur.
Según el Ejecutivo, la falta de armonización regional obliga a las empresas a producir envases diferenciados para distintos mercados, incrementando costos y complejizando la logística de producción y distribución.
En ese sentido, el texto advierte que las pequeñas y medianas empresas serían las más perjudicadas por estas exigencias, debido a que enfrentan costos de adecuación proporcionalmente más elevados que las grandes compañías. El Gobierno considera que esta situación podría incluso fomentar una mayor concentración del mercado alimenticio.
Cuestionamientos a la “rigidez normativa”
Dentro de los fundamentos presentados ante el Senado, la administración nacional también criticó la estructura metodológica de la ley vigente.
Según el proyecto, numerosos criterios técnicos fueron incorporados directamente dentro del texto legislativo, lo que dificultaría adaptar el sistema a nuevos consensos científicos internacionales o futuras actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina.
Desde el Ejecutivo sostienen que un esquema regulatorio más flexible permitiría adecuaciones dinámicas sin necesidad de modificar constantemente la ley.
¿Qué pasará con la información nutricional?
A pesar de la propuesta de derogación, el Gobierno aclaró que la eliminación de la Ley de Etiquetado Frontal no implicaría la desaparición de la información nutricional obligatoria en los alimentos envasados.
El proyecto señala que continuará vigente la obligación de informar valor energético, azúcares, grasas y sodio bajo las disposiciones del Código Alimentario Argentino y las normas armonizadas del Mercosur.
Además, seguirán aplicándose las leyes vinculadas a defensa del consumidor y lealtad comercial. Con el envío formal del proyecto al Congreso, el Gobierno abrió un nuevo frente de debate sobre las políticas alimentarias y el rol de la regulación estatal en la industria de alimentos y bebidas en Argentina.
