Reforma de la Ley de Discapacidad: qué quiere modificar el Gobierno y los puntos que rechazan las organizaciones sociales
El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Discapacidad enfocada en el control de pensiones por invalidez. Endurece requisitos y prohíbe combinar el beneficio con empleo formal, entre otros.
El Gobierno impulsa la modificación profunda del proyecto que altera la Ley de Emergencia en Discapacidad N.º 27.793, bajo el argumento de combatir irregularidades en el sistema. Esta propuesta se presenta bajo el nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y plantea un cambio de enfoque en la política pública, poniendo el acento en el control y la fiscalización de los beneficios otorgados.
La iniciativa, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, introduce nuevos requisitos para acceder y mantener las pensiones, al mismo tiempo que elimina diversos puntos previamente establecidos por la ley vigente. En conjunto, estos cambios buscan redefinir el alcance del sistema, endureciendo las condiciones de acceso y modificando aspectos clave de su funcionamiento.
Qué modificaciones clave busca el Gobierno
La iniciativa del Gobierno deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad que se referían a garantizar la universalidad de las prestaciones y retrotrae el sistema al estado previo de la sanción de emergencia. Además, elimina los siguientes puntos clave:
- La chance de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable
- Suprimir el nomenclador de prestaciones únicas que fijaba un piso de calidad
- Desregular la negociación arancelaria por obra social o prepaga
En este sentido, la iniciativa firmada por Adorni establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, de modo que se suspende automáticamente el beneficio y eventualmente se da la baja para quienes no completen el trámite en los plazos estipulados.
El punto de mayor controversia se refiere a la “incompatibilidad absoluta” que establece el proyecto entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. De este modo, si la norma se aprueba eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio social, suprimiría los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.
Qué opinan las organizaciones sociales sobre la reforma de la Ley de Discapacidad del Gobierno
Leandro Ator, el presidente de la Asociación Civil Colectivo 3 de Diciembre, expresó su rechazo a la ley en el programa Punto y Aparte de Radio Punto a Punto 90.7. Allí, el dirigente explicó que la universalidad de la norma está amenazada.
“Lo primero que hace ruido es el nombre del proyecto. ‘Ley contra el fraude de pensiones por invalidez’ lo que hace es demonizar al colectivo. Existen desde hace mucho tiempo un montón de mecanismos de control”, comentó Ator. Y agregó: “Entendemos que este proyecto no beneficia a nadie, que es restrictivo, que quita derechos, que demoniza al colectivo de personas con discapacidad y que se va a perder la universalidad”.
Mientras que el Gobierno justificó la iniciativa en el crecimiento de las pensiones por invalidez de 76.000 beneficiarios en 2023 a más de 1.200.000; Ator cuestionó estas cifras y el “uso político” que se hace de ella. “No puedo confirmar que ese sea el número. De todas maneras, hay una interpretación y manipulación de los números para instalar esta idea del fraude en discapacidad, de las irregularidades en discapacidad. Es muy común que cuando vienen gobiernos con políticas de ajuste en el sector, traten de instalar esa idea”, agregó.
Y recordó una auditoría externa realizada al PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016: “Después de cuatro meses, del total de prestadores, solamente se encontraron tres irregularidades, y estamos hablando de más de 100 prestadores activos en ese momento. Sin embargo, lo que se bajaba era la misma idea: las irregularidades en discapacidad, los fraudes en discapacidad”.
