El Gobierno desembolsó $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos luego de una resolución judicial
El Banco Nacional de Datos Genéticos responde al pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo para realizar pruebas genéticas de filiación entre nietos y abuelas. Una resolución judicial obligó al Gobierno a desembolsar más de 500 millones en el organismo pero fue posteriormente suspendida.
Una medida cautelar había ordenado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a adoptar de manera inmediata las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. La misma fue suspendida por el juez federal Alejo Ramos Padilla luego de que el Gobierno haya transferido 590 millones de pesos para evitar la paralización de estudios de ADN clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura.
La medida cautelar había sido solicitada por los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Causas de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UNIFICANTE). Se sumó como querellante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela de Carlotto, expresó su preocupación por el “carácter irremplazable” de las muestras biológicas y genéticas que custodia el banco.
¿Qué dijo Ramos Padilla sobre la causa de inversión en el Banco Nacional de Datos Genéticos?
Ramos Padilla argumentó: “La Jefatura de Gabinete de Ministros, luego de haber recibido la comunicación de la medida cautelar interina dictada en el presente y el requerimiento del informe previo, articuló una serie de reuniones con las autoridades del BNDG y asumió el compromiso de afrontar mayores partidas presupuestarias“.
Y el juez continuó: “Corresponde concluir que la finalidad preventiva perseguida mediante la tutela cautelar interina oportunamente dispuesta aparece satisfecha a partir de las medidas administrativas y presupuestarias posteriormente adoptadas e informadas por las autoridades competentes, las que permitieron superar —en esta instancia— la situación de urgencia que motivó la intervención jurisdiccional".
El juez comentó que las medidas adoptadas hasta el momento resultan propicias “para alcanzar una solución de común acuerdo”. Allí garantizó el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año.
El juez afirmó sobre el final del fallo que “cualquier asunto que se vincule con el adecuado servicio de justicia, mucho más cuando éste puede verse comprometido o resentido en áreas claves como la investigación de crímenes de lesa humanidad –que no son otra cosa que crímenes cometidos por el propio Estado– o la reparación del derecho a la identidad de aquellos centenares de niños que fueron apropiados con la participación y/o aquiescencia del Estado, es competencia ineludible de la cartera de justicia del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene como una de sus funciones reparar esos hechos y, en particular, asistir y advertir a las otras áreas ejecutivas acerca de las obligaciones a nivel nacional e internacional que se podrían ver afectadas“.
¿Dónde se originó el conflicto por el Banco Nacional de Datos Genéticos?
Los fiscales que presentaron la denuncia afirmaron que para el 2026 la Ley de Presupuesto Nacional aprobó sólo el 55,96% del monto requerido, lo cual impide cubrir gastos fijos, variables y otros compromisos asumidos.
De allí que la directora del banco haya advertido que se encontraban en riesgo vigente los servicios esenciales como mantenimiento edilicio, vigilancia, limpieza, recolección y disposición de registros patógenos.
Ramos Padilla analizó la demanda y aseguró que el Banco de Datos “reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
En ese sentido, aseguró: “La eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”. Esta decisión cayo sobre Manuel Adorni porque quedaron bajo su órbita la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
