Crisis universitaria: la UBA denunció una fuerte caída de fondos y reclamó una decisión urgente de la Corte Suprema
La presentación institucional se produjo en medio de una tensión por el presupuesto destinado a las casas de estudio públicas. La universidad sostiene que el Gobierno no cuenta con un “fallo definitivo a su favor” que le permita continuar sin aplicar la Ley 27.795.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas volvió a escalar luego de que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitara formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga “a la mayor brevedad” en la causa vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y le exija al Poder Ejecutivo su “inmediata aplicación”.
La presentación institucional de la UBA se produjo en medio de una creciente tensión por el presupuesto destinado a las casas de estudio públicas y apenas un día después de una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, que movilizó a miles de personas en Plaza de Mayo y en distintas capitales provinciales del país.
La UBA le pidió a la Corte Suprema que obligue al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
Según expresaron las autoridades universitarias, la norma aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso tiene un impacto directo tanto en el financiamiento general de las universidades como en la recomposición salarial docente, uno de los principales reclamos del sector académico durante los últimos meses.
Desde la universidad sostuvieron que el Gobierno no cuenta con un “fallo definitivo a su favor” que le permita continuar sin aplicar la Ley 27.795, motivo por el cual insistieron con la necesidad de implementar la legislación de manera inmediata.
Además, advirtieron sobre el deterioro económico que atraviesa el sistema universitario. De acuerdo con el planteo presentado, los fondos transferidos a las universidades registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, período que coincide con el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
La crisis presupuestaria afecta salarios docentes, becas y hospitales universitarios
La UBA también alertó que la reducción presupuestaria impacta directamente en áreas sensibles como las becas estudiantiles, los proyectos de investigación científica y el funcionamiento de hospitales escuela.
Entre las instituciones afectadas mencionaron al Hospital de Clínicas, uno de los centros médicos universitarios más importantes del país y pieza clave tanto para la atención sanitaria como para la formación académica.
Las autoridades universitarias remarcaron que la situación financiera compromete el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas y pone en riesgo programas estratégicos vinculados a la ciencia y educación superior.
La causa judicial por los fondos universitarios quedó en manos de la Corte Suprema
El expediente judicial tomó un nuevo rumbo luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concediera un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo y suspendiera la medida cautelar que obligaba al Gobierno a transferir los fondos reclamados por las universidades.
Con esa decisión, el caso quedó formalmente en manos de la Corte Suprema, que ahora deberá resolver si el Ejecutivo debe aplicar la ley sancionada por el Congreso mientras se define el fondo de la cuestión.
En contexto, la UBA pidió al máximo tribunal una resolución urgente y remarcó la gravedad institucional que, según consideran, implica el incumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento.
La Marcha Federal Universitaria volvió a reunir a miles de personas en Plaza de Mayo
El reclamo judicial coincidió con una nueva demostración de fuerza del sistema universitario público. La cuarta Marcha Federal Universitaria realizada durante la gestión libertaria reunió a docentes, estudiantes, investigadores, sindicatos y autoridades académicas en distintos puntos del país.
La movilización tuvo su epicentro en Plaza de Mayo, aunque también se replicó masivamente en ciudades del interior, donde miles de personas reclamaron mayor financiamiento para las universidades nacionales y cuestionaron el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno.
Las autoridades universitarias consideran que el conflicto ya excede el plano estrictamente económico y se transformó en una discusión de fondo sobre el futuro de la educación pública, la investigación científica y el sostenimiento de instituciones clave para el sistema sanitario y académico argentino.
