Créditos del Banco Nación: uno por uno, los legisladores y funcionarios cuyos legajos fueron pedidos por la Justicia
El juez Ariel Lijo ordenó una auditoría integral sobre los préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a una docena de funcionarios y legisladores oficialistas.
En el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de préstamos hipotecarios del Banco Nación a figuras vinculadas al oficialismo, el juez federal Ariel Lijo dispuso una batería de medidas de prueba. La resolución, que hace lugar a un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, incluyó una “auditoría general de los préstamos” y la entrega de documentación específica sobre cada uno de los beneficiarios bajo sospecha.
El magistrado solicitó formalmente los legajos de diversos integrantes del Ministerio de Economía, directores de entes oficiales, legisladores y asesores. Entre los nombres señalados figuran:
- Área Económica: Federico Furiase (Finanzas), Juan Pedro Inchauspe (BCRA) y Felipe Núñez (BICE).
- Gestión y Organismos: Juan Pablo Carreira (Oficina de Respuesta Oficial) y Emiliano Mongilardi (Director de YPF).
- Poder Legislativo: Los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Maira Frías y Alejandro Carrancio.
- Asesores: Sharif Menem, colaborador estrecho en la presidencia de la Cámara de Diputados.
El foco de la Justicia está puesto en desglosar las carpetas presentadas por los adjudicatarios para acceder a montos que, en algunos casos, alcanzaron los US$ 350.000. El objetivo de Lijo es verificar si los solicitantes cumplían estrictamente con los requisitos de ingresos y condiciones exigidas por la entidad bancaria.
A su vez, el juez extendió el pedido de informes al Banco Central para que detalle el marco normativo vigente y las comunicaciones que regulan la adjudicación de créditos hipotecarios en el sistema financiero. Sumado a eso, se solicitó precisar los cargos y actos administrativos de designación de Furiase (secretario de Finanzas) e Inchauspe (director del BCRA) desde diciembre de 2023.
Tras la trascendencia pública de las medidas judiciales, las máximas autoridades del Gobierno salieron en defensa de los involucrados. El ministro de Economía, Luis Caputo, asumió la responsabilidad política de la decisión: “Los tomaron por recomendación mía”.
Caputo fue enfático al desestimar cualquier irregularidad en la operatoria y sostuvo que “no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral” en que los funcionarios accedan a estos préstamos. Además, calificó como “realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”.
Ahora la causa entrará en una etapa de análisis documental y peritaje contable para establecer si el acceso a estos créditos de privilegio se ajustó a derecho o si existió un aprovechamiento indebido de la función pública.
Deuda del Gobierno por jubilaciones: Kicillof se presentó en Tribunales y aguarda una definición en junio
Axel Kicillof, se presentó este martes 21 de abril en el Palacio de Tribunales en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para abordar la demanda por más de $2,3 billones que le adeuda la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). El gobernador de la provincia de Buenos Aires reveló que se resolvió otro encuentro para junio del cual deberá salir definida una propuesta de pago de parte del Gobierno.
“Tenemos ocho reclamos ante la Corte Suprema y nosotros estimamos una deuda total del Gobierno nacional en más de 15 millones de millones, es decir 15 billones. Ustedes tengan en cuenta que el presupuesto aprobado en la provincia de Buenos Aires para este año es de 43, 44 billones, o sea que estamos hablando de una deuda que totaliza prácticamente un tercio de los recursos de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el gobernador en una conferencia de prensa.
Al respecto, Kicillof dijo que lo que se está discutiendo ahora es “la deuda específicamente de las cajas no transferidas, la deuda de los jubilados, la plata de los jubilados que Nación le tiene que transferir que son las trece provincias que tienen caja propia, como tiene la provincia de Buenos Aires”.
