El desafío económico del Gobierno: entre la promesa de “inflación cero” y los riesgos que siguen presionando al bolsillo
La falta de crédito, el aumento de la mora en familias y empresas y la caída del consumo configuran un escenario donde la demanda interna permanece debilitada.

El Gobierno nacional atraviesa un momento clave en su estrategia antiinflacionaria. Mientras el presidente Javier Milei insiste en que la Argentina podría alcanzar una inflación mensual que “empiece con cero” en agosto, los datos actuales, las condiciones macroeconómicas y las proyecciones privadas muestran un escenario mucho más complejo. La economía empieza a dar señales mixtas: por un lado, la desaceleración es evidente respecto a los picos del pasado; por otro, los indicadores de actividad, consumo, industria y mercado laboral exponen desafíos que amenazan la sostenibilidad del plan.

Promesas ambiciosas frente a una realidad más tensa
El Presidente ha reiterado públicamente que la inflación se dirige hacia niveles “casi nulos” a partir del segundo semestre. Su optimismo se basa en la desaceleración de los precios mayoristas, que él considera un indicador anticipado del comportamiento que luego tendrá la inflación minorista. Además, sostiene que la política de no emisión y la reducción de pasivos financieros deberían permitir un descenso pronunciado del IPC una vez completado el ajuste de precios relativos pendientes desde gestiones anteriores.
Sin embargo, su propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció dificultades recientes en el proceso de desinflación y admitió que hubo un “retroceso” frente a los objetivos iniciales, especialmente por la resistencia de los consumidores a demandar pesos y por presiones en rubros sensibles como alimentos y combustibles.
Evolución reciente: menos inflación, pero una economía golpeada
Si bien la inflación ha mostrado una fuerte desaceleración respecto al 2023, cuando había superado el 211%, todavía se mantiene en niveles considerables. Durante 2025, el país cerró con una inflación anual en torno al 31%, el registro más bajo en casi una década, pero todavía muy lejos del objetivo presidencial de llevar el índice a cero. Las estimaciones oficiales para 2026 proyectan un 10,1% anual, una cifra que analistas y consultoras privadas consideran demasiado optimista.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estima una inflación cercana al 19,6%, mientras que LatinFocus ubica la cifra alrededor del 23,9%, casi el doble del optimismo gubernamental. Estas proyecciones responden a la persistencia de aumentos en sectores clave: tarifas de servicios públicos, combustibles, alimentos, servicios regulados y el impacto estacional del primer trimestre.

Los factores que sostienen la presión inflacionaria
Más allá del optimismo oficial, distintos economistas señalan que alcanzar una inflación mensual “cero” requiere resolver al menos tres grandes obstáculos:
- Eliminar el sobrante de pesos (money overhang) acumulado en años previos.
- Superar los rezagos de la política monetaria anterior, cuyos efectos todavía influyen en la dinámica actual.
- Completar la corrección de precios relativos, especialmente en tarifas y combustibles.
La falta de crédito, el aumento de la mora en familias y empresas y la caída del consumo configuran un escenario donde la demanda interna permanece debilitada. La industria opera apenas al 53% de su capacidad instalada, mostrando una recuperación muy limitada.
¿Puede funcionar el plan? Una economía partida en dos
Si bien algunos sectores, como el agro y la energía, muestran dinamismo y atraen inversiones, otros están completamente rezagados. Comercios cerrados, caída del empleo formal (del 6,4% al 7,5%) y un nivel reducido de actividad conviven con el superávit fiscal que el Gobierno considera su principal logro estructural.
Los analistas coinciden en que la desinflación continuará en 2026, pero difícilmente llegue a los niveles prometidos por el Gobierno. Las consultoras proyectan un “piso” inflacionario del 20% anual, afectado principalmente por la evolución del tipo de cambio, el impacto de importaciones más baratas y un consumo planchado que modera parcialmente los aumentos de precios.
El riesgo central: expectativas desalineadas
La economía argentina enfrenta un dilema clásico: la velocidad del ajuste no coincide con las expectativas de la población. El Gobierno asegura que el programa requiere tiempo y que los resultados estructurales se verán a largo plazo. Sin embargo, la sociedad y los mercados suelen reaccionar mucho antes, especialmente cuando la actividad cae, los salarios pierden poder de compra y los indicadores sociales se deterioran.
La gran pregunta es si el Gobierno logrará sostener su programa económico sin un rebote significativo de la actividad o una mejora perceptible en el bienestar cotidiano. Por ahora, las señales muestran una economía en transición, más ordenada en lo fiscal, pero todavía lejos de garantizar inflación “cero” y crecimiento sostenible.



















