El Gobierno busca recaudar USD 2.000 millones con las privatizaciones y suma un nuevo bono para pagar deuda
El país enfrentará nuevos vencimientos de deuda que pagará con los dólares obtenidos de privatizaciones de empresas nacionales y el Bono AO28 que funcionará como título en dólares.
El Ministerio de Economía proyecta la obtención de USD 2.000 millones por la venta de activos estatales en 2026 a la vez que emitirá un nuevo bono en dólares similar al esquema del BONAR 2027. Será una de las fuentes de financiamiento para cubrir los vencimientos de deuda para julio del 2026 y para enero y julio del 2027.
El Bono AO28 que se lanzará en formato título en dólares se licitará el próximo viernes en la subasta de deuda pública. El tope de emisión se fijará en USD 2.000 millones, a través de licitaciones sucesivas de USD 150 millones, complementadas por una segunda ronda de hasta USD 100 millones en cada ocasión. Se repetirá el mecanismo utilizado para el AO27.
¿Qué implica el nuevo bono en dólares?
Con la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que está fijado por la Ley 27.802 en junio, existen mecanismos que permitirían a empresas y particulares acceder a nuevos instrumentos financieros.
Esta semana, la Secretaría de Finanzas afronta el tercer test del BONAR 2027, buscando sumar USD 250 millones extra. Las dos licitaciones anteriores fueron consideradas un éxito por el mercado, ya que se colocó el monto máximo autorizado a una tasa cercana al 5%, por debajo del 7% que se esperaba.
“En algún momento pensamos volver a Wall Street el año pasado, por ahí en noviembre-diciembre. Lo descartamos”, señaló Caputo en un evento organizado por el IAEF.
Durante el mismo acto, el ministro de Economía analizó la evolución del riesgo país y su impacto en la estrategia financiera de Argentina. Consideró que el nivel actual es “exagerado” y explicó que responde a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bonos. “Tenemos que seguir estabilizando la economía y cumpliendo con los pagos, porque contamos con alternativas de financiamiento más convenientes. Si logramos endeudarnos a tasas más bajas para cancelar deuda más cara, es el escenario ideal”, sostuvo.
El Gobierno asegura que diversificar las fuentes de financiamiento mediante privatizaciones y el impulso del mercado de capitales local permite afrontar los vencimientos de deuda más importantes sin encarecer significativamente el costo del endeudamiento. “La estrategia es clara: estabilizar la economía y pagar al mismo tiempo. Podemos hacerlo porque tenemos opciones de financiamiento más baratas. Lo óptimo es usar esos fondos para cancelar deuda más cara, y eso es lo que buscamos”, cerró Caputo.
Cuánto tiene que pagar la Argentina en deuda externa y cuánto recibirá de privatizaciones
Caputo comentó que Argentina tiene un mecanismo de financiamiento de un total estimado de USD 9.000 millones en el Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas N°21.
La privatización de activos es otro de los frentes del Gobierno para afrontar la deuda externa junto al desarrollo de capitales locales, siendo el primero un punto central para el segundo semestre de acuerdo a la Ley Bases.
Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), coordinará las privatizaciones de empresas públicas incluídas en la Ley Bases. Las primeras serían Intercargo y AySA. La ley fijó también la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales S.A.
En las próximas horas, el Gobierno dará a conocer las condiciones para privatizar Intercargo, con la firma en pleno funcionamiento que implicará la transferencia íntegra de la compañía, la salida total del Estado Nacional de su estructura accionaria y la continuidad de la firma como prestadora de servicios, manteniendo vigentes sus contratos, licencias y actividades en los aeropuertos donde opera.
La empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país comenzó su plan privatizador cuando las concesiones energéticas en la región de Comahue generaron ingresos por USD 700 millones para el Tesoro, fortaleciendo la estrategia de financiamiento alternativo del Ejecutivo.
