Por bloqueo de empresa en San Pedro, ordenan detener a dos jefes del gremio de camioneros
La empresa de Rey Distribución denunció en febrero a Cabaleyro, Espíndola y a otros empleados afiliados al sindicato de Camioneros por presunto “pedido de coimas” para que los dejen “trabajar tranquilos”.
Bloqueo en la distribuidora, foto La Opinión.
El empresario Ricardo Rey denunció en septiembre del 2021 la presión del gremio de Camioneros a su distribuidora en San Pedro. Ahora y meses después, la Justicia ordenó las detenciones de los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro, concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Fernando Espíndola por los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión”.
La empresa de Rey Distribución denunció en febrero a Cabaleyro, Espíndola y a otros empleados afiliados al sindicato de Camioneros por presunto “pedido de coimas” para que los dejen “trabajar tranquilos”.
Uno de los hijos de Ricardo, Gustavo, dialogó con TN y dijo: “Venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de ellos comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”.
“Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato. En su momento eran 20.000 pesos, después un saldo mensual, y cada vez que había elecciones un poco más. Nos llamaban y nos decían: ‘Tenemos que juntar $1.000.000, así que fijate cuánto vas a poner’, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”, agregó.
El Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB) y así fue que la abogada Florencia Arietto empezó a representar a la familia Rey. El abogado de los Rey, Daniel Spirópulos, había denunciado lo acontecido en el Ministerio de Trabajo.
Gustavo agregó: “El ministerio hizo muchas visitas a la empresa. Tuvimos varias audiencias también. Llegamos a un acuerdo para darle $50 mil a cada empleado. En total fueron $500 mil. También rubricamos otro directamente en el sindicato, porque nos decían que teníamos una deuda con ellos y que si pagábamos eso todo quedaba saldado. Arreglamos otros $500 mil, pero después nos dijeron que eso era un adelanto, que faltaban $232 mil más”.
