La polémica detrás de la llegada de los aviones caza F-16 a Argentina: ¿por qué hay exgenerales de la Fuerza Aérea de Chile involucrados?

Quienes están al frente del software que planifica el funcionamiento de los F-16 argentinos, ILIAS, son dos militares que pertenecieron a la Fuerza Aérea chilena.

Dos altos militares que formaron parte de la Fuerza Aérea chilena están al frente del software que planifica el funcionamiento de los F-16 argentinos.
Dos altos militares que formaron parte de la Fuerza Aérea chilena están al frente del software que planifica el funcionamiento de los F-16 argentinos. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Teniendo en cuenta las tensiones militares, plagadas de episodios de espionaje y sabotajes, que a lo largo de la historia mantuvieron Chile y Argentina -enmarcadas en una larga rivalidad y carreras armamentistas por el control del extremo sur de Sudamérica y los recursos marítimos-, resulta extraña la presencia de exgenerales de la Fuerza Aérea de Chile en el programa de informática y logística pautado para los aviones caza F-16.

Tras la llegada a territorio nacional de las aeronaves compradas a Dinamarca a cambio de 300 millones de dólares, se conoció que Leopoldo Porras Silva, retirado en 2017, y Francis Muñoz Covarrubias, quien dejó de pertenecer a la fuerza chilena recién el año pasado, se desempeñan actualmente como vicepresidente para América Latina y gerente de programa, respectivamente, en la compañía belga ILIAS Solutions, responsable del sistema informático que brinda soporte logístico a los aviones.

Francis Muñoz Covarrubias, administrador chileno del programa ILIAS (Integrated Logistic Information Automated System). Foto: Fuerza Aérea Argentina

Tanto Porras Silva como Muñoz Covarrubias cuentan con una amplia trayectoria vinculada a los F-16. Durante su etapa como oficiales en actividad de la Fuerza Aérea de Chile integraron por varios años la División de Ingeniería y Apoyo de Sistemas de Armas, área responsable de la logística de los más de 40 cazas F-16 que el país trasandino incorporó entre 2006 y 2011.

Aunque la prensa chilena sostiene que los exgenerales no tienen acceso a información sensible vinculada a los cazas, lo cierto es que el programa sí les permite conocer aspectos clave de la planificación y del funcionamiento de la Fuerza Aérea Argentina en sus niveles más altos.

Esta situación abre un dilema serio de seguridad nacional y lo hace por varios frentes que no pueden pasarse por alto. Por un lado, está la relación de Chile con el Reino Unido: Santiago mantiene acuerdos de cooperación técnica y militar con Gran Bretaña. En ese contexto, dejar en manos de técnicos chilenos la puesta a punto y la logística cotidiana de los cazabombarderos argentinos -(cuya principal hipótesis de conflicto, aunque acotada, sigue siendo el Reino Unido) implica, en los hechos, facilitar información operativa clave a un socio estratégico de la potencia que ocupa Malvinas.

La llegada de los aviones F-16 a la República Argentina.

A eso se suma el riesgo vinculado a la información sensible. Los F-16 que incorpora Argentina tienen una configuración propia, adaptada a sus necesidades. Quienes están al frente del programa logístico acceden a datos críticos: desde el alcance real y la autonomía de los aviones, hasta el rendimiento del software de armas y la disponibilidad de munición. También conocen en detalle el mantenimiento: qué falla con mayor frecuencia, cuáles son los puntos débiles, el consumo de repuestos y cómo funciona la cadena de suministro. Todo ese conocimiento es vital si alguna vez se buscara neutralizar una flota en un escenario de conflicto.

Ahí aparece la paradoja de fondo. Argentina invierte una suma millonaria para incorporar una capacidad aérea que, en teoría, apunta a reforzar su reclamo de soberanía sobre Malvinas. Sin embargo, al mismo tiempo, entrega el control logístico central de esa capacidad a personal de un país aliado del Reino Unido y con un historial de fricciones estratégicas con Buenos Aires.

Por qué los aviones caza F-16 no modifican el equilibrio de poder en el Atlántico Sur

La compra del F-16 representa un avance importante en términos de capacitación y entrenamiento de pilotos, pero no implica un cambio sustancial en el equilibrio militar del Atlántico Sur.

Por un lado, está la cuestión de la dependencia tecnológica. El F-16 es un sistema de armas estadounidense y su transferencia necesitó el visto bueno de Washington. En ese esquema, el Reino Unido -potencia ocupante de Malvinas y socio estratégico dentro de la OTAN- tiene margen para influir y condicionar el acceso a determinados componentes o capacidades, lo que en la práctica limita cualquier salto real en poder ofensivo.

A eso se suma una clara desventaja generacional. Los F-16 MLU adquiridos por Argentina, aunque modernizados, siguen siendo aeronaves de cuarta generación, con radar de barrido mecánico y misiles AIM-120 AMRAAM. Del otro lado, en Monte Agradable (Mount Pleasant), el Reino Unido opera Eurofighter Typhoon FGR4, una plataforma de generación 4.5, con potencial de radar AESA y misiles METEOR, que ofrecen mayor alcance, velocidad sostenida y superioridad en combate aéreo.

En este contexto, el F-16 aparece más como un gesto político y de alineamiento con Occidente que como una herramienta efectiva de disuasión. Por sí solo, el avión no altera el status quo ni representa una amenaza concreta frente a la sólida presencia aérea y naval británica en el Atlántico Sur.