Colombia: aumentan los precios de la pasta base de coca y complican el plan del Gobierno de comprar la hoja

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Reuters.

Apenas un día después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciara que su Gobierno compraría la coca producida en 12.600 hectáreas de la zona de El Plateado, en el departamento del Cauca, los precios de la pasta base amanecieron duplicados.

De este modo, un producto que valía 400 dólares el kilo pasó a costar más de 850 dólares, por obra de los grupos armados que fijan el precio de la también llamada cocaína cruda.

Cultivos de coca en Colombia. Foto: Reuters.

Esta situación complica los planes del Gobierno, que pretende que sean entidades públicas las encargadas de que la coca no sea la gasolina de grupos armados ilegales, sino el insumo de productos agroindustriales, maquillaje, insumos médicos o alimentos. 

De esta forma, Colombia parece alejarse de la posibilidad de concretar el plan inicial, teniendo en cuenta que en países como Perú, el Estado tiene el monopolio de la compra de hoja de coca.

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¿Por qué el Gobierno colombiano quiere comprar la cosecha de la coca?

Bajo la presión del significativo aumento de la producción de cocaína en el país, que luego inunda los mercados del narcotráfico internacional, Gustavo Petro anunció que el Estado está decidido a comprar toda la cosecha de hoja de coca que obtienen los campesinos del suroeste del país.

La medida, que generó controversia, fue defendida por el presidente como una estrategia para enfrentar el poder de los narcotraficantes. Para comprender mejor esta posición, se debe hacer hincapié en que el departamento del Cauca, donde se busca comprar la producción, es una región violenta donde en las últimas semanas fue escenario de enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados dedicados al tráfico de cocaína.

Allí opera uno de los grandes carteles del narcotráfico colombiano, el Estado Mayor Central (EMC), brazo principal de la disidencia de las FARC, la organización guerrillera que se había desmovilizado tras el histórico acuerdo de 2016.