
Hay fechas que no pertenecen a un partido ni a un gobierno; pertenecen a la historia de una Nación. El regreso de la democracia argentina es una de ellas.
Conviene hacer una distinción: el 15 de septiembre no conmemoramos la recuperación de la democracia en nuestro país, sino el Día Internacional de la Democracia, proclamado por las Naciones Unidas. Nuestra historia tiene sus propias fechas fundamentales: el 30 de octubre de 1983, cuando volvimos a las urnas después de años de oscuridad, y el 10 de diciembre del mismo año, cuando asumió Raúl Alfonsín y comenzó una nueva etapa de vigencia plena de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho.

Aquel 1983 inició el período democrático ininterrumpido más largo de nuestra historia. Sin embargo, sería injusto contar esa gesta como la obra de un solo hombre o de una sola fuerza política. La democracia no fue patrimonio exclusivo del radicalismo, como tampoco lo fue del peronismo. Fue una conquista colectiva de la sociedad argentina.
Desde mi identidad peronista, considero fundamental revisar también nuestra propia historia. El Partido Justicialista llegó a 1983 después de años de proscripción y persecución, y luego de una dictadura que golpeó brutalmente a sus organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales. El costo humano fue altísimo: compañeros y compañeras torturados, fusilados, secuestrados, desaparecidos y miles de exiliados.
En ese escenario, el peronismo participó de la reconstrucción institucional y se sometió a la voluntad popular. Su fórmula, integrada por Ítalo Luder y Deolindo Felipe Bittel, obtuvo el 40,1% de los votos, frente al 51,7% de la fórmula de la Unión Cívica Radical. Fue una derrota electoral histórica para el justicialismo.
Reconocerlo no disminuye al peronismo. Por el contrario: la democracia verdadera exige aceptar el resultado de las urnas. Aquella noche el peronismo perdió una elección, pero la Argentina recuperó algo mucho más valioso: la posibilidad de elegir libremente su destino.
Raúl Alfonsín ocupa un lugar indiscutible en esta memoria. Su campaña estuvo marcada por la defensa de la Constitución y de las libertades públicas. En la misma noche de su triunfo expresó una premisa fundamental: la recuperación democrática no debía entenderse como la victoria de unos sobre otros, sino como la restitución de derechos para todos.

Esa concepción trasciende las banderas partidarias. El adversario político no es un enemigo; el triunfo no habilita a borrar al otro, y la derrota no significa quedar fuera de la patria.
El 10 de diciembre de 1983 volvió a asumir la República. Comenzó también una etapa decisiva en materia de justicia y derechos humanos. A pocos días de asumir, mediante el Decreto 158/83, Alfonsín dispuso el enjuiciamiento de los integrantes de las Juntas Militares. Fue un paso histórico que contribuyó a establecer un principio fundamental: en una República, nadie está por encima de la ley.
Con el paso del tiempo, distintos sectores han intentado apropiarse de la democracia. La historia demuestra lo contrario. En 1983 fueron decisivos Alfonsín y el radicalismo, el peronismo, el movimiento obrero, los organismos de derechos humanos, los intelectuales, los artistas y los estudiantes. Pero, por encima de todos, fueron fundamentales millones de argentinos que volvieron a confiar en el diálogo, las instituciones y el voto por encima de la violencia.
La democracia no tiene dueño: tiene ciudadanos
Hoy, más de cuatro décadas después, el desafío sigue siendo el mismo, pero adquiere una urgencia renovada. Debemos volver a lo esencial: respetar las instituciones, la Constitución y la opinión ajena. Comprender que se puede pensar distinto sin ser enemigos.
El insulto no es debate. La descalificación no es argumento. Y la violencia, en cualquiera de sus formas, nunca puede ser el camino.
La democracia no se hereda ni debe darse por garantizada. Se defiende todos los días. Se cuida sin violencia, con instituciones fuertes, con memoria y con el respeto irrenunciable hacia quien piensa diferente.
Porque aquella democracia que recuperamos entre todos no pertenece a un partido, a un gobierno ni a una generación.
Nos pertenece a todos los argentinos.













