La Causa Malvinas no comenzó con Javier Milei, ni comenzó con ningún otro presidente. Malvinas es una política de Estado y una causa nacional.
La Constitución Nacional lo establece con absoluta claridad. Desde 1994, su Disposición Transitoria Primera determina que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes constituye un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
No es, entonces, una bandera partidaria. Es un mandato constitucional. Por eso también resulta necesario mirar la cuestión con seriedad y sin simplificaciones.
Es cierto que el actual Gobierno ha realizado anuncios y adoptado medidas vinculadas con la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Pero también es cierto que muchas de las herramientas jurídicas que permiten al Estado actuar sobre los recursos naturales y la actividad hidrocarburífera no fueron creadas por esta administración.
Un ejemplo concreto es la Ley 26.659, sancionada en 2011, que estableció condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y creó instrumentos para proteger los intereses nacionales frente a determinadas actividades.
Este antecedente importa porque permite colocar la discusión en el lugar correcto. Decir simplemente “Milei no hace nada por Malvinas” sería una afirmación demasiado fácil de refutar.
La pregunta que corresponde hacer es mucho más exigente: ¿Lo que hace el Gobierno es eficaz? ¿Tiene financiamiento suficiente? ¿Puede sostenerse en el tiempo? ¿Forma parte de una estrategia diplomática coherente? ¿Y qué quedará de estas políticas cuando cambie el Gobierno?
Ahí está el verdadero debate. Porque una política de Estado no puede depender de la voluntad, la personalidad o la orientación ideológica del presidente de turno. Los gobiernos pasan. La soberanía permanece.
La Argentina necesita una política sobre Malvinas que combine firmeza diplomática, continuidad institucional, defensa de los recursos naturales, presencia efectiva en el Atlántico Sur y una estrategia internacional sostenida.
Y esa política debe sobrevivir a Milei, como sobrevivió a Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández y a todos los gobiernos que vendrán.
