Viajó a Rosario para estudiar y fue esclavizada durante 22 años: la controlaban con cámaras desde Estados Unidos
La víctima fue captada a los 14 años y vivió en condiciones de servidumbre hasta los 37. Cuáles fueron las medidas que tomó la justicia.
Un caso de trata de personas sacudió a la ciudad de Rosario, luego de que se conociera que una mujer de 37 años fue rescatada de una vivienda ubicada en calle Montevideo, en el barrio Martín. Allí habría sido esclavizada durante 22 años. Al parecer, la víctima había sido captada desde los 14 años y era obligada a trabajar bajo vigilancia en condiciones inhumanas.
Por el hecho, la Justicia federal imputó a E.S.S., una mujer de 60 años que reside desde hace más de tres décadas en Los Ángeles, Estados Unidos, como presunta autora del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre.
Según fuentes judiciales, la víctima es oriunda de Corrientes y llegó a Rosario en el 2003, cuando tenía solamente 14 años, luego de la muerte de su padre y en un contexto de extrema vulnerabilidad. Su madre, sin recursos, tenía que sostener a 9 hijos y fue por eso que autorizó el viaje a su hija mayor, bajo la promesa de educación y oportunidades laborales.
Según la investigación, la autorización fue firmada en una escribanía mediante un acta notarial que la madre rubricó sin saber leer ni comprender su contenido y sin ningún tipo de acompañamiento. La adolescente viajó en colectivo y fue recibida en Rosario por J.E.G.S., madre de la actual imputada.
Desde entonces, la joven fue obligada a realizar tareas domésticas, mantenimiento, cocina, administración del hogar y cuidado personal, sin recibir salario alguno. Solo accedía a comida, alojamiento y ropa. Durante más de dos décadas trabajó jornadas completas, sin descansos, vacaciones, aguinaldo ni aportes previsionales, y sin cobertura de salud ni vínculos sociales fuera de la vivienda.
La fiscalía determinó que la explotación continuó incluso después de que la imputada se mudara a Estados Unidos. Entre julio de 2022 y octubre de 2025, E.S.S. habría instalado 16 cámaras de seguridad en la casa y entregado un teléfono celular a la víctima para impartirle órdenes desde el exterior.
Las fiscales Adriana Saccone, María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos, sostuvieron que se trató de un delito de ejecución continuada, con una misma matriz de explotación sostenida durante 22 años. “No solo no hizo cesar el estado de servidumbre, sino que lo continuó y lo perseveró, porque también le generaba un beneficio”, señalaron durante la audiencia.
De hecho, los informes de ANSES y ARCA confirmaron que la víctima no estaba registrada en ninguna actividad laboral y tampoco tenía cuenta bancaria ni ingresos propios. El único dinero que manejaba era destinado a las compras de la propiedad. Esta acusación fue respaldada por los propios vecinos, peritajes interdisciplinarios y la declaración de la víctima realizada en Cámara Gesell.
Trata de personas en Rosario: la audiencia y las medidas judiciales
La audiencia se llevó a cabo el viernes 5 de diciembre ante el juez de Garantías Román Lanzón, en los Tribunales Federales de Rosario. La víctima estuvo acompañada por defensoras públicas y profesionales del Área de Atención a Víctimas del Ministerio Público Fiscal, entre ellos una psicóloga y un antropólogo.
El magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y dio por formalizada la imputación, al considerar acreditados los indicadores de explotación y la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima.
Si bien la fiscalía solicitó la detención y extradición de E.S.S., el juez dispuso medidas cautelares no privativas de la libertad por el plazo de un año: fijación de domicilio, firma mensual en el consulado argentino, prohibición de contacto con la víctima y compromiso de no obstaculizar la investigación.
