Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Foto: AFA

Este jueves, la Justicia avanzó en la investigación contra autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros directivos, y les prohibió salir del país mientras se sustancia el proceso.

La decisión se produjo luego de un pedido formal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que denunció la presunta apropiación indebida de más de 19.300 millones de pesos en concepto de retenciones impositivas y aportes previsionales.

Claudio Chiqui Tapia en AFA. Foto: @Argentina.
Claudio Chiqui Tapia en AFA. Foto: @Argentina.

La acusación

De acuerdo con la presentación judicial, los montos investigados corresponden a sumas retenidas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 que, según la denuncia, no habrían sido depositadas al fisco.

El expediente detalla 69 hechos independientes y desglosa los importes mes a mes. Entre los conceptos señalados figuran retenciones de IVA, del Impuesto a las Ganancias (incluido el régimen previsto en el artículo 79) y contribuciones a la seguridad social.

La denuncia original fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada seis días después. Para el organismo recaudador, existen elementos suficientes para convocar a los directivos a prestar declaración indagatoria, instancia en la que podrán ejercer su derecho de defensa.

Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: NA

La medida judicial

En función de ese planteo, el magistrado consideró que existe un grado de sospecha suficiente para avanzar con la citación prevista en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

Además, dispuso la prohibición de salida del país para los principales investigados, una medida habitual en este tipo de causas económicas cuando se busca asegurar la sujeción al proceso.

La indagatoria es un paso clave dentro del proceso penal. Tras esa instancia, el juez deberá evaluar la situación procesal de los imputados y determinar si corresponde avanzar hacia un eventual procesamiento o dictar otra resolución.