La mesa chica del Gobierno le soltó la mano a Díaz Gilligan
Un funcionario de la mesa chica de Mauricio Macri que participó de las reuniones para discutir la situación de Valentín Díaz Gilligan insistió en que era “un ensañamiento que le estaba haciendo daño al Presidente”, al momento de confirmar la renuncia del subsecretario.
La revelación de la empresa radicada en Londres con una cuenta con 1,2 millones de dólares no declarados en Andorra se había potenciado por el reclamo de los aliados radicales y de la Coalición Cívica, la apertura de una causa judicial por la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade y una suerte de debate interno en el propio Gobierno.
La renuncia apareció como la salida más conveniente en un verano con caída de la imagen del Presidente y en otra semana caliente en la disputa con el sindicalismo, con la marcha convocada por Hugo Moyano.
“El contexto no lo ayudó, hay que cuidar la imagen de Mauricio”, dejaba como conclusión otro de los que había participado de las cumbres para avanzar en el desplazamiento.
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Peña lo había respaldado un día antes públicamente: no descartaba un apartamiento temporario, aunque diferenciaba su situación con la de Juan José Gómez Centurión, el ex jefe de la Aduana que había dejado su cargo por un tiempo. Para Díaz Gilligan el alejamiento terminó siendo definitivo, aunque los altos funcionarios que lo sostenían se resistían anoche a darle un adiós terminante: “Se tomará un tiempo para explicarlo y después volverá, si tiene ganas”.
El argumento de Peña a favor del subsecretario, que en la cuenta en Andorra no había fondos públicos, fue repetido ayer en la Casa Rosada. Aun así predominó la percepción de que para el Gobierno sería complicado dar esa discusión con un resultado favorable y hubo críticas a las explicaciones de Díaz Gilligan: primero dijo que le había prestado el nombre al empresario uruguayo Francisco Casal y luego admitió que no había declarado el dinero y las acciones en la empresa. La Oficina Anticorrupción inició de inmediato un expediente y le exigió explicaciones. Y Rogelio Frigerio, ministro del Interior, salió con declaraciones fuertes: “Si ocurrió un hecho que la Justicia o la oficina Anticorrupción entiende que no se corresponde con lo que tiene que hacer un funcionario público, va a tener que dar un paso al costado”. La presión de los socios radicales y la Coalición Cívica hizo su parte, aunque no de manera decisiva según funcionarios que participaron en la mesa de la decisión: “Si salía Lilita o Cornejo, todavía... No fue eso”. Pero se acumulaba el ruido de propios y ajenos.
Otra vez el contexto, el caso a su vez tomó repercusión en la previa a la marcha en la avenida 9 de Julio, otro hito en la disputa de la Casa Rosada con Moyano apoyado por sectores vinculados al kirchnerismo. Si el conflicto de Triaca con la empleada familiar había surgido antes de discutir reformas laborales y el blanqueo de trabajadores, con el camionero acorralado por presunto lavado de dinero apareció la cuenta sin declarar de un funcionario en Andorra. Ensañamiento autoinflingido, que el Gobierno buscará mitigar con la renuncia: “Si le ponemos la vara alta a Moyano, también tiene que ser con los nuestros”.
