Piden que el Congreso rechace la reforma de la Ley de Inteligencia del Gobierno: “No existe necesidad ni urgencia para abordar un tema tan sensible”
El Gobierno reformó la SIDE por decreto para una reorganización plena del sistema de inteligencia y desde varios espacios políticos realizaron un comunicado en rechazo al DNU.
El Gobierno nacional avanzó en una reforma profunda del sistema de inteligencia argentino y modifica de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fue publicado este viernes 2 de enero, generó repercusiones en el arco político y los espacios Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal realizaron un comunicado oficial en rechazo a lo dispuesto por el Ejecutivo.
“Desde el interbloque Unidos rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia para abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”, sostuvieron en el documento. Además, indicaron que continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.
“Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución”, manifestaron. Según fuentes oficiales, la reforma parte de un diagnóstico en el cual el sistema había acumulado estructuras sobredimensionadas, funciones superpuestas y dificultades para integrar la información relevante entre distintos organismos. A juicio del Ejecutivo, esto afectaba la producción de inteligencia estratégica oportuna y eficaz.
“Extiende la lógica de contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en caso de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno a la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una polícía secreta”, lanzaron.
En última instancia, volvieron a cuestionar que el DNU se publicó “sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias”. Es por eso que desde Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal pidieron que el Congreso trate y rechace “de inmediato” el decreto en términos de la Ley 26.122. “La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, concluyó el comunicado.
Los detalles de la reforma de la SIDE para una reorganización plena del sistema de inteligencia, según el Gobierno
Una de las principales redefiniciones establece que la SIDE pasa a ser el órgano central del Sistema de Inteligencia Nacional y asume la conducción de la planificación estratégica, coordinación interinstitucional y producción de inteligencia, además de centralizar la información que generan todos los subsistemas para elevarla al Presidente de la Nación. Desde el Gobierno subrayan que la función de la SIDE no es cumplir tareas policiales ni perseguir delitos concretos, sino generar inteligencia estratégica, anticipada y objetiva para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
El decreto también elimina superposiciones de funciones y reorganiza áreas internas. Por ejemplo, la protección de infraestructuras digitales fue removida de la SIDE y traspasada a un organismo técnico con perfil específico. En paralelo, se crearon nuevos ámbitos de coordinación formal, como la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, que incluirán a agencias especializadas, fuerzas de seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros entes estatales para facilitar el intercambio de datos relevantes hacia la producción estratégica.
Además, la reforma redefinió el área de contrainteligencia: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a convertirse en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, enfocada exclusivamente en identificar y analizar amenazas estratégicas como espionaje, sabotaje, interferencia o injerencia, separando esas tareas de la política interna y de la investigación criminal para concentrarlas en la protección del Estado frente a vulnerabilidades externas.
