El Gobierno envió al Congreso el DNU que reformó la SIDE: qué cambia y cuándo se trata
La medida había causado polémica en el arco político y fue ingresada formalmente en ambas cámaras para ser analizada por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Los detalles.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, ya entró formalmente en ambas cámaras y ahora deberá ser analizada por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en un plazo de diez días hábiles.
La reforma integral del sistema de inteligencia reordena la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional fortaleciendo el rol de la SIDE como órgano superior y ampliando sus competencias, incluida la posibilidad de que personal de inteligencia proceda a aprehender personas en determinadas circunstancias (como auxilio judicial o delitos en flagrancia, una de las partes más sensibles de la norma.
Qué contiene el DNU y cómo cambiaría la SIDE
La modificación establece que la SIDE quedará al frente de las agencias de inteligencia, con un rol centralizador en la coordinación de actividades. Según el artículo 7 modificado de la Ley 25.520, será el órgano superior del sistema y tendrá el control de los órganos desconcentrados como el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General de Inteligencia.
Además, el decreto incorpora en la ley que todas las actividades de inteligencia “revisten carácter encubierto”, lo que genera discusiones sobre los límites de control civil y el acceso a información pública frente a operaciones consideradas sensibles.
Desde la SIDE, a cargo de Cristian Auguadra, la norma fue defendida en un comunicado en el que se afirmó que “el DNU permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales” y que “los cambios responden a los más altos estándares democráticos y republicanos”.
La iniciativa generó rechazo inmediato en amplios sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que consideran que la reforma “debilita los controles democráticos” y habilita prácticas peligrosas, como la aprehensión de personas sin orden judicial clara, y una expansión de facultades sin la fiscalización parlamentaria habitual.
Una veintena de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional Argentina, CELS, ACIJ, Poder Ciudadano y varias fundaciones tecnológicas y sociales, expresaron en un documento conjunto su pedido de que el Congreso derogue el DNU, señalando que la reforma obliga a múltiples organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE sin suficientes garantías.
La remisión formal del decreto al Congreso se realizó antes de que venza el plazo legal que establece la Ley 26.122 para tratar los decretos presidenciales, según confirmaron fuentes oficiales. A partir de ahora, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo cuenta con diez días hábiles para emitir dictamen. Una vez concluido ese período, cualquiera de las cámaras (Senado o Diputados) puede llevar el decreto al recinto para una votación definitiva. Para que el DNU quede sin efecto, ambas cámaras deben rechazarlo, ya que un rechazo en una sola no alcanza para anularlo.
El DNU 941/25 representa una reforma estructural del sistema de inteligencia nacional, un área esencial para la seguridad y el Estado de derecho, y su tratamiento en el Congreso es observado con atención debido al impacto que puede tener sobre los mecanismos de control civil y democrático sobre los organismos con acceso a información sensible.
