El Gobierno y los gobernadores se enfrentan por la parte fiscal del proyecto de reforma laboral: los artículos en disputa
El ministro del interior Diego Santilli encabeza la negociación con los líderes provinciales, que no quieren resignar dinero de la coparticipación.
El debate en torno al proyecto de reforma laboral se convirtió en una puja fiscal entre la Nación y las provincias, que amenaza con convertirse en el principal escollo para la aprobación de la iniciativa. Y es que los gobernadores ya advirtieron que no aceptarán una reducción de sus ingresos como consecuencia de la baja de impuestos coparticipables.
Mientras, en la Casa Rosada buscan preservar la mayor parte del texto original para sostener el impulso reformista del Gobierno y cumplir con la promesa de reducir la presión tributaria.
El conflicto se da en torno a un capítulo del proyecto oficial que está dedicado a cambios impositivos, entre ellos una reducción del impuesto a las Ganancias para las sociedades y la exención del tributo para los alquileres de viviendas. La iniciativa encendió las alarmas en las provincias debido a que la recaudación de Ganancias se distribuye entre las distintas jurisdicciones.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el costo fiscal inicial de estas modificaciones en 2026 sería del 0,22% del Producto Bruto Interno, lo que equivale a unos $1,9 billones anuales. De ese monto, la Nación resignaría ingresos por aproximadamente $790.000 millones, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires dejarían de percibir alrededor de $1,12 billones, según publicó este lunes La Nación.
El oficialismo ya descuenta que deberá aceptar cambios para que el proyecto avance en el Congreso, pero la discusión ahora gira en torno al alcance de esas concesiones y hasta dónde está dispuesto a ceder el Ejecutivo. Parte de ese debate tuvo lugar el viernes pasado, durante la primera reunión política de 2026 en Balcarce 50. “Vamos a aceptar cambios, con la condición de que sea una ley para cambiar. Si no, nos quedamos con lo que hay”, sostuvo Patricia Bullrich, encargada de conducir la negociación en el Senado.
La posición de los mandatarios provinciales es unificada. Incluso aquellos que suelen acompañar al Gobierno nacional y que respaldan una reforma laboral como herramienta para impulsar el empleo y la producción adelantaron que no convalidarán que la iniciativa se financie a costa de nuevos recortes en sus recursos. Reclaman que la baja de impuestos sea gradual y esté atada a la recuperación económica, mediante un esquema escalonado que amortigüe el impacto fiscal.
Otro de los pedidos fue que el Ministerio de Economía se incorpore formalmente a la mesa de negociación, que hoy encabezan el ministro del Interior, Diego Santilli, junto a las provincias; Bullrich en el Senado; y Martín Menem en la Cámara de Diputados.
Reforma labora: los artículos más discutidos
Los artículos 188 y 191 concentran las mayores tensiones, ya que implican una reducción de la recaudación del impuesto a las Ganancias y, en consecuencia, de los fondos coparticipables.
El artículo 192 del dictamen suma un nuevo foco de conflicto. La propuesta deja sin efecto una serie de impuestos internos coparticipables que gravan a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, bienes suntuarios, automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportivas y aeronaves.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el costo fiscal de esta medida —que impacta principalmente sobre contribuyentes de mayores ingresos— rondaría los US$334 millones anuales. Para el exgobernador chaqueño y actual senador Jorge Capitanich, el efecto sería aún mayor y podría alcanzar los US$548 millones.
En el círculo más cercano a Javier Milei predomina el optimismo respecto del destino final del proyecto, aunque conviven dos estrategias. Por un lado, un sector más dialoguista, encabezado por Bullrich, que está dispuesto a introducir cambios para garantizar la sanción de la ley. Por el otro, una línea más dura, representada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular de Economía, Luis Caputo, que considera que ya se realizaron demasiadas concesiones y sostiene que la norma debería aprobarse sin modificaciones.
