El Gobierno toma distancia del acuerdo con EEUU para recibir deportados y descarta avanzar con la iniciativa
La aclaración oficial llegó luego de una publicación de The New York Times, que informó sobre negociaciones avanzadas con la administración de Donald Trump para que el país funcione como “tercer destino” de deportados.
El Gobierno nacional tomó distancia del posible acuerdo con Estados Unidos para que la Argentina reciba personas deportadas y aseguró que la iniciativa fue descartada por su inviabilidad política, operativa y legal. La definición oficial se conoció luego de que The New York Times revelara negociaciones avanzadas entre el país y la administración de Donald Trump para que la Argentina funcione como “tercer destino” de migrantes expulsados del territorio estadounidense.
Desde la Casa Rosada confirmaron que existieron conversaciones concretas con Washington, pero remarcaron que no habrá firma de ningún entendimiento. Según fuentes oficiales, la propuesta incluía financiamiento estadounidense para la construcción de cárceles en la Argentina, destinadas a alojar de forma transitoria a los deportados. “El acuerdo existió como conversación concreta, pero se decidió no avanzar”, afirmaron en Nación.
Las razones políticas y operativas del rechazo
El Gobierno sostiene que el principal motivo fue la “inviabilidad práctica y política” del esquema. Dentro del oficialismo admiten que no hubo consenso sobre la localización de eventuales centros de detención ni sobre su integración al sistema penitenciario argentino. “No somos El Salvador”, expresan funcionarios, al descartar un modelo similar al impulsado por el presidente Nayib Bukele.
En la mesa chica del Presidente reconocen que la medida habría generado un conflicto político y social “fuerte” en el ámbito interno. En ese contexto, admiten que la estrategia oficial fue ganar tiempo mientras se analizaban los costos. “Siempre intentamos dilatarlo”, reconocen cerca del jefe de Estado.
Obstáculos legales y falta de apoyo federal
Otro factor determinante fue el impacto jurídico del acuerdo. En el Gobierno explican que un esquema de “tercer país” para deportaciones habría requerido cambios normativos en materia migratoria, penitenciaria y de derechos humanos. “No era solo una decisión administrativa, abría flancos judiciales inmediatos”, sostienen.
Además, desde el Ejecutivo admiten que ninguna provincia manifestó disposición a albergar centros de detención ni a asumir los costos políticos y de seguridad que implicaría la operatoria. A esto se suma la situación crítica del sistema penitenciario, que ya presenta problemas de sobrepoblación y restricciones presupuestarias, lo que, según fuentes oficiales, hacía “inviable” sumar infraestructura paralela incluso con financiamiento externo.
Mantener el vínculo con Washington sin compromisos irreversibles
Pese a descartar el acuerdo, en la Casa Rosada aclaran que la decisión busca preservar la relación estratégica con Estados Unidos sin asumir “compromisos irreversibles”. El objetivo del Ejecutivo es sostener el diálogo bilateral en áreas como comercio, inversiones y cooperación internacional.
Además, aseguran que las conversaciones continuarán en otros frentes, como el principio de acuerdo comercial y las negociaciones para avanzar hacia un programa de exención de visas, anunciado en 2025. En ese marco, el presidente Javier Milei viajará el próximo 10 de febrero a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago para participar de un evento del Partido Republicano, en una señal de continuidad del vínculo político con Washington.
