La empresa que administra casi 6000 kilómetros de rutas nacionales y el Gobierno denunció por pérdidas de $30 mil millones
El informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló una serie de irregularidades en la empresa estatal Corredores Viales S.A. Qué pasó.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló irregularidades administrativas y pérdidas operativas multimillonarias en Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de administrar casi 6.000 kilómetros de rutas nacionales. El documento, que abarca la gestión de 2022, registró un resultado económico negativo de $30.047.931.000 -más del doble del déficit del año anterior- y el área del Gobierno detectó fallas sistemáticas en controles internos y procedimientos.
Corredores Viales fue creada en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri como una estructura paralela a la Dirección Nacional de Vialidad, con el objetivo de administrar corredores clave mediante un sistema de peajes. Sin embargo, según el informe del Gobierno, la compañía se transformó en un organismo “caro, opaco y deficitario”, con una planta de 4.097 empleados al cierre de 2022 y una caída de ingresos por peajes pese a un aumento del 17,2% en el tránsito durante ese año.
Balance en rojo: qué indicó el reporte de SIGEN
El reporte de SIGEN indicó que, aunque el tránsito por las 42 estaciones de peaje que administra la empresa creció, los ingresos por peajes cayeron un 7%, en parte, debido al atraso tarifario, lo que provocó que los costos operativos superaran claramente los recursos generados. El margen bruto sobre ventas resultó negativo en un 49%, obligando al Tesoro Nacional a transferir más de $14.619 millones para sostener la operación.
Según la auditoría, también se identificaron debilidades graves en el sistema de control interno en múltiples áreas clave tales como:
- Compras y contrataciones
- Recaudación
- Pagos de tesorería
- Recursos humanos
- Tecnología de la información
- Inventario de activos fijos
- Viáticos
Como consecuencia de estos hallazgos, un juzgado federal del fuero criminal, a cargo del juez Ariel Lijo, instruye una denuncia penal que investiga posibles maniobras irregulares.
Las críticas de organizaciones viales
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) se manifestó con dureza frente a los resultados y describió a Corredores Viales como una “empresa cara e ineficiente”. Jorge Zatloukal, director ejecutivo del organismo, sostuvo que “el 70% de la red vial está en condiciones pésimas, existe opacidad y una planta de personal sin funciones claras y sobredimensionada”. También apuntó a que el esquema de administración vial resulta inviable si solo se limita a tareas menores sin mejoras significativas en infraestructura.
Ante este escenario, el Gobierno dispuso en abril de 2025 la intervención de Corredores Viales, designando a Anastasia María Adem como interventora para llevar adelante auditorías integrales y evaluar el estado financiero y operativo de la empresa. El Ejecutivo había avanzado previamente con la privatización total de Corredores Viales S.A., autorizada por el Decreto 97/2025, como parte de una política orientada a atraer inversión privada y reducir la presencia del Estado en la gestión de rutas nacionales.
El plan oficial prevé adjudicar los tramos de rutas a operadores privados mediante contratos de concesión de obra pública por peaje, con la mira puesta en mejorar la infraestructura vial y optimizar la gestión de los corredores. Esta transformación forma parte de un modelo más amplio de participación privada y ajustes en la administración de activos estatales. Por el momento, Corredores Viales sigue bajo intervención y bajo investigación judicial
