Javier Milei en el Congreso.
Javier Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

Tras el revés de la Justicia que ratificó la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, los equipos técnicos y jurídicos del Gobierno ya trabajan en una doble vía para apelar el fallo. Se trata de una ofensiva legal para llevar el conflicto hasta la Corte Suprema y una ejecución administrativa segmentada para minimizar el impacto fiscal inmediato.

Desde Casa Rosada, vaticinan que se cumplirán las transferencias mensuales para evitar desacatos, pero bajo una lógica de “pago por goteo” que impida consolidar el gasto como una ampliación permanente del presupuesto anual. Es por eso que preparan una estrategia de apelación escalonada sobre el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal:

  • Recurso Extraordinario: se presentará ante la misma Cámara que dictó la resolución.
  • Queja ante la Corte Suprema: ante el probable rechazo del recurso anterior, el Gobierno planea elevar el reclamo al máximo tribunal como última instancia.

El eje de la disputa sigue siendo el impacto de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que obligan a indexar por inflación los salarios docentes y no docentes (retroactivo a diciembre de 2023) y a recomponer la totalidad de las becas estudiantiles según la variación del IPC.

Manifestaciones de docentes y alumnos universitarios por falta de financiamiento y bajos salarios. Foto: NA (Martín Zabala)

Ley de Financiamiento Universitario: la estrategia del Gobierno para apelar el fallo

Para intentar retomar la iniciativa política, el Ejecutivo evalúa herramientas que le permitan gestionar la crisis sin resignar su postura sobre el equilibrio fiscal:

  • Por un lado, la reglamentación por decreto. Se analiza un esquema similar al utilizado con la Ley de Emergencia en Discapacidad, reglamentando la norma de forma tal que la ejecución se ajuste a la disponibilidad de recursos.
  • En paralelo, el reemplazo de la ley. El Gobierno no buscará derogar la norma actual, sino que planea enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley con el objetivo es sustituir el esquema de actualización automática por uno más acotado y previsible para las cuentas públicas.

Qué dice la Justicia sobre los intentos del Gobierno de frenar la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia volvió a objetar el argumento central del Decreto 759/2025 con el cual el Ejecutivo intentó frenar la ley alegando que primero debían definirse las fuentes de financiamiento. Para los magistrados, la obligación de sostener las partidas para investigación y salarios es inmediata. En respuesta, desde el entorno presidencial aseguran que cubrirán las erogaciones en los mínimos mensuales de ejecución evitando que el gasto se absorba como una estructura de costo fija y permanente.