El Gobierno creó un registro para identificar a los beneficiarios de políticas sociales
La medida fue publicada este martes 31 de marzo en el Boletín Oficial y se ejecutó con el objetivo de transparentar y optimizar el seguimiento de los beneficiarios de la ayuda social en Argentina
El Gobierno oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB) para identificar en una base de datos a las personas que resultan beneficiarias de prestaciones o servicios sociales. La medida fue formalizada mediante la Resolución 23/2026, publicada este martes 31 de marzo en el Boletín Oficial, con el objetivo de transparentar y optimizar el seguimiento de los beneficiarios de la ayuda social en Argentina.
El RIB operará bajo la órbita del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en septiembre de 2024, y dependerá del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), perteneciente al Ministerio de Capital Humano. La normativa determinó que la función principal será consolidar y armonizar la información de todas las personas que reciben prestaciones o servicios por parte del Estado Nacional.
Según el Gobierno, la creación del registro apunta a mejorar la trazabilidad de los fondos públicos. Hasta ahora, la dispersión de la información entre distintos organismos dificultaba detectar si una persona recibía beneficios duplicados o si existían baches en la cobertura.
En este sentido, el texto oficial señaló que el RIB “permitirá fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la coordinación interinstitucional de las intervenciones sociales, facilitando el seguimiento de su cobertura, complementariedad y eventuales superposiciones, así como la gestión integral de la inversión social”. Además, remarcó que la centralización de los datos garantiza que “los registros consolidados respondan a la información oficial provista por los organismos competentes evitando duplicidades y asegurando la integridad, coherencia y trazabilidad de los datos”.
A partir de la infraestructura del SIIS, el sistema permitirá la interoperabilidad de datos. Esto quiere decir que distintas dependencias del Estado puedan cruzar información de manera ágil y segura.
Con respecto a la privacidad de los ciudadanos, la resolución aclara que el tratamiento de la información se regirá estrictamente por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el responsable de implementar las medidas de seguridad y confidencialidad necesarias para proteger la integridad de los titulares de los datos.
Además, como autoridad de gestión del SIIS, tendrá a su cargo la custodia, el seguimiento y la elaboración de las estadísticas derivadas del nuevo registro. La implementación del RIB no supondrá un gasto extra fuera de las partidas ya presupuestadas para el Consejo y entrará en funciones de manera inmediata para comenzar la migración y armonización de las bases de datos existentes.
Financiamiento Universitario: el Gobierno apelará el fallo que respaldó la ejecución de la ley
Tras el revés de la Justicia que ratificó la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, los equipos técnicos y jurídicos del Gobierno ya trabajan en una doble vía para apelar el fallo. Se trata de una ofensiva legal para llevar el conflicto hasta la Corte Suprema y una ejecución administrativa segmentada para minimizar el impacto fiscal inmediato.
Desde Casa Rosada, vaticinan que se cumplirán las transferencias mensuales para evitar desacatos, pero bajo una lógica de “pago por goteo” que impida consolidar el gasto como una ampliación permanente del presupuesto anual. Es por eso que preparan una estrategia de apelación escalonada sobre el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal:
- Recurso Extraordinario: se presentará ante la misma Cámara que dictó la resolución.
- Queja ante la Corte Suprema: ante el probable rechazo del recurso anterior, el Gobierno planea elevar el reclamo al máximo tribunal como última instancia.
