Revés para Milei: la Justicia confirmó que el Gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario lo antes posible
La Cámara Contencioso Administrativo Federal dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a recomponer los salarios docentes y las becas universitarias, según lo previsto en la Ley 27.795.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Con este fallo, la Justicia rechazó la apelación presentada por gobierno de Javier Milei y confirmó la vigencia de la norma, que incluye la recomposición salarial para el personal del sistema educativo superior.
La medida judicial exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esto implica lo siguiente:
- Actualización salarial: la recomposición de los haberes para docentes y no docentes de universidades públicas, abarcando el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley en septiembre de 2025.
- Programas de asistencia: la regularización y actualización de la totalidad de las becas estudiantiles.
En sus fundamentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron las quejas del Estado calificando de “poco serios” los planteos que sugerían que esta cautelar funcionaba como una sentencia definitiva encubierta. Además, subrayaron que el impacto fiscal de la medida es bajo y no compromete el interés público- De heco, por el contrario: señalaron que lo que está en disputa es el derecho constitucional a la educación superior.
La cautelar original fue dictada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, tras un recurso de amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el aval de más de 40 universidades públicas de todo el país. En primera instancia, el magistrado había objetado la validez del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la ejecución de la ley bajo el argumento de que la norma solo sería aplicable una vez determinados los recursos específicos para su financiamiento.
Cormick consideró que dicho decreto presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Es por eso que advirtió sobre la “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico” por parte del Ejecutivo ante el riesgo que corría el funcionamiento de las instituciones.
La postura del Gobierno sobre la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario
Desde Casa Rosada, la decisión judicial fue tildada de “arbitraria”. El argumento central del Gobierno es que cualquier ley de este tipo requiere la definición previa de sus fuentes de financiamiento y su inclusión formal en el Presupuesto. Según la gestión de Milei, la potestad sobre las partidas presupuestarias es exclusiva del Congreso y no debería ser interferida por el Poder Judicial. Sumado a eso, el Ejecutivo alertó sobre un posible quiebre del equilibrio fiscal, una advertencia que fue finalmente desestimada por la Cámara en el fallo actual.
