Ley de Glaciares: diputados opositores reclaman irregularidades y anomalías en el proceso de audiencia pública
Especialistas cuestionan el proceso de audiencias por la Ley de Glaciares tras denuncias de irregularidades y nuevas pruebas presentadas por la oposición. Se señalan maniobras como cambios arbitrarios, falta de transparencia y restricciones a la participación.

Abundan los cuestionamientos por irregularidades en el tratamiento de la Ley de Glaciares en las audiencias públicas que protagonizaron los ciudadanos, organizaciones ambientales, especialistas y empresas. A raíz de ello, más de diez diputados presentaron una ampliación de su impugnación previa donde adjuntaron pruebas de nuevas anomalías en el proceso.
La Ley de Glaciares es uno de los proyectos que quiere aprobar el Gobierno en el Congreso luego de su media sanción en el Senado. Ahora pasará a la Cámara de Diputados con audiencia pública de por medio y entre los puntos cuestionados por los legisladores se encuentran:
- La participación restringida
- Los criterios de selección sin transparencia
- La restricción de acceso a la sala
- La manipulación de los listados de expositores
- El cambio de condiciones sobre la marcha

Los diputados que denunciaron anomalías en el proceso de audiencia pública son:
- Sabrina Selva (UP)
- Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)
- Lucía Cámpora (UP)
- María Inés Zigarán (Provincias Unidas)
- Carolina Basualdo (Provincias Unidas)
- Pablo Juliano (UCR)
- Adriana Serquis (UP)
- Gabriela Estévez (UP)
- Juan Brugge (Provincias Unidas)
- Abelardo Ferrán (UP)
- Pablo Farías (Provincias Unidas)
Ley de Glaciares: las irregularidades que reclaman los diputados
El bloque de diputados de Unión por la Patria y algunos otros ampliaron la impugnación que habían realizado anteriormente donde adjuntaron pruebas de nuevas irregularidades en el proceso. La transparencia del proceso quedó bajo la lupa tras una serie de impugnaciones que señalan discrecionalidad y falta de rigor en la organización del debate.
Entre los puntos más críticos, se destaca la presencia de cuatro oradores que, pese a integrar el listado general de participantes, no habían sido preseleccionados ni figuraban en la nómina de expositores diseñada por las autoridades de las comisiones. Según los testimonios, estos individuos, vinculados al Ministerio de Minería de San Juan, fueron habilitados para tomar la palabra de manera repentina y sin previo aviso, alterando el orden establecido.

Otro de los ejes de la polémica se centra en la figura del diputado Nicolás Mayoraz (LLA), a quien se le atribuye haber finalizado la audiencia de forma prematura. Al momento del cierre, aún restaban seis oradores por exponer. Dichos participantes se encontraban en las inmediaciones del Congreso y contaban con la autorización oficial del personal de la Cámara, quienes incluso les habían provisto de las pulseras identificatorias correspondientes a sus respectivas franjas horarias. Pese a cumplir con los requisitos formales, se les impidió ejercer su derecho de palabra.
Qué pide la oposición
Frente a este escenario, distintos sectores de la oposición entre los que se haya Unión por la Patria, Provincias Unidas y algunos miembros de la Coalición Cívica alzaron la voz para denunciar una “manipulación arbitraria” del listado de expositores. Según sostienen, estas maniobras no solo vulneran el principio de igualdad, sino que vacían de contenido la instancia de participación ciudadana.
“La metodología adoptada resultó insuficiente y redujo la audiencia a un mero trámite formal, carente de una deliberación sustantiva y alejada de su finalidad jurídica”, cuestionaron a través de un comunicado.

Para los denunciantes, los hechos descritos no son episodios aislados, sino que confirman la existencia de severas anomalías procedimentales que empañan la legitimidad de la convocatoria. La diputada Gabriela Estévez (UxP), una de las denunciantes, expuso en sus redes: “La impugnación no discute solo formas. Plantea algo de fondo, que la participación no puede ser solo formal. Cuando las reglas cambian, los criterios no son claros y la mayoría no puede intervenir, la audiencia pierde su sentido”.















