La causa Sueños Compartidos ingresó en una instancia decisiva luego de que el fiscal Diego Velasco solicitara las penas máximas previstas para los principales acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Durante una extensa exposición de más de diez horas ante el Tribunal Oral Federal N° 5, el representante del Ministerio Público pidió condenas de seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario Abel Fatala; y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender.
La acusación sostiene que los imputados participaron de una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional mediante el manejo de recursos asignados al programa Sueños Compartidos, que tenía como objetivo la construcción de viviendas sociales en distintos puntos del país. Además de las penas de prisión, la fiscalía requirió el decomiso de bienes por una suma millonaria y también solicitó condenas de cuatro años para otros cuatro acusados vinculados al expediente.
Causa Sueños Compartidos: la acusación de la fiscalía
Durante su alegato, Velasco sostuvo que entre 2008 y 2011 funcionó un “esquema criminal” que permitió desviar 206 millones de pesos de los 900 millones que el Estado había destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
“Nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, acusó Velasco. Según el fiscal, la fundación fue utilizada para evitar los mecanismos habituales de control estatal, mientras que las obras sufrían modificaciones sin respaldo técnico, se otorgaban beneficios irregulares a sus administradores y se extendían los plazos de ejecución de manera injustificada.
En otro tramo de su exposición, el representante del Ministerio Público aseguró que el mecanismo de contrataciones “fue manipulado en la Ciudad de Buenos Aires, el municipio de Tigre, de Almirante Brown, Ezeiza, la Ciudad de Rosario, de Santa Fe, San Carlos de Bariloche, y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones”.
La causa entra en su tramo final
El juicio comenzó en marzo de este año y es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. El proceso avanza con celeridad debido a que la causa podría prescribir en septiembre si no se dicta una sentencia antes de esa fecha.
Además de los principales acusados, también son juzgados los exfuncionarios provinciales Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, quienes enfrentan cargos vinculados con las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del programa habitacional.
Con los alegatos de la fiscalía concluidos, el juicio se encamina hacia su etapa final, en la que restarán las exposiciones de las defensas antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia en uno de los expedientes de corrupción más relevantes vinculados a la obra pública durante la última década.
