El Tribunal Oral Federal 4 dará a conocer este lunes el veredicto del caso Skanska, en el que se investiga el presunto pago de coimas para beneficiar a la firma sueca con los contratos de ampliación de gasoductos.
El entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el entonces secretario de Obras Públicas José López, son los principales acusados.
Según la Justicia, hubo cobro de sobornos para la concesión de la obra y la construcción de los gasoductos Norte y Sur, por unos 13 millones de pesos en aquel momento.
Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset argumentaron que “la empresa consumó prácticas corruptas, en el sector crítico de infraestructura de la obra pública y adoptó el soborno como método de acceder a las licitaciones”.
Pedido de penas
El Ministerio Público pidió 5 años de prisión para Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa por administración fraudulenta y cohecho.
En tanto, para los directivos de Skanska requirió 4 años y 6 meses por cohecho activo, y para los responsables de Infinity Group, 4 años.
Para otros 17 imputados, los fiscales pidieron la absolución por considerar que no se acreditó su responsabilidad en los hechos.
El caso
Entre las idas y vueltas, la Cámara Federal había archivado el expediente que supo estar en manos del fallecido juez Norberto Oyarbide, al desconocer la grabación de un directivo de Skanska que reconoció el pago de sobornos a funcionarios.
En ese primer tramo, fueron sobreseídos el ex secretario de Energía Daniel Cameron y el ex interventor de Enargas Fulvio Madaro.
Fue la Corte Suprema la que validó la grabación hecha por Javier Azcarate y, a partir de ahí, se reactivó la denuncia que apuntó a De Vido, López y otros.
Según la investigación, entre 2004 y 2006 De Vido recibió sobornos a cambio de direccionar la obra a favor de la multinacional sueca.
La denuncia se hizo en 2006 y la realizó el entonces diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez por supuestas irregularidades en el proyecto de ampliación de gas en 2005.
A lo largo de los años, muchos de los acusados fueron favorecidos por un cierre parcial de la causa de la mano de la Cámara Federal que sobreseyó al ex secretario de Energía Daniel Cámeron y al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro, entre otros.
“La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento. A su vez, los sobornos que se pagaron, de acuerdo al egreso que se acreditó de la firma Skanska, rondarían los 14 millones de pesos”, dijo el juez Sebastián Casanello al elevar el caso a juicio en 2019.
“Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional”, concluyó.
