La Rural apeló y pidió a la Cámara que habilite la feria

La jueza Silvina Bracamonte rechazó la semana pasada un pedido de medida de cautelar que había presentado la Rural en primera instancia, pero ahora insiste con el planteo a través de la Sala de feria de la Cámara.

Los camaristas de feria del fuero, Graciela Medina, Ricardo Guarinoni y Francisco de las Carreras, ya comenzaron a analizar el planteo de la Sociedad Rural y se espera una resolución en los próximos días, señalaron los voceros.

La Sociedad Rural objeta el alcance del decreto 2552 por el cual el Gobierno anuló el decreto decreto 2699/1991 que permitió la venta del predio de Palermo del Estado a la entidad, al tiempo que se solicitó oficialmente que sea devuelto a fines de enero.

Bracamonte rechazó la semana pasada la cautelar para frenar el decreto y la Rural apeló la resolución a la Sala II de la Cámara. Ante la feria judicial de enero, la entidad planteó una nueva medida precautoria para frenar el traspaso del predio y le pidió a la Justicia la habilitación de la feria para que analice el planteo.

A través del decreto 2552/2012, el Gobierno revocó el decreto 2699 firmado por Carlos Menem en el '91 y "todos aquellos actos dictados en su consecuencia", con los que se concretó la venta del predio delimitado por las avenidas Santa Fe y Sarmiento, y las calles Cerviño y Oro, de esta ciudad. Se instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a realizar "todos los actos conducentes a la toma de la posesión del inmueble" y a "determinar las compensaciones que pudieren resultar de la revocación dispuesta".

El Gobierno recordó que aquella operación inmobiliaria se concretó por un monto de "30.000.000 de dólares" y advirtió que ese valor "resultó sustancialmente menor" al que fijó el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuyo cálculo fue de "63.615.000 dólares".

"En esa tasación no se consideró el valor de las mejoras y construcciones preexistentes ni tampoco el efecto financiero derivado de una operación con financiación a largo plazo", señala el escrito oficial. A través de una solicitada, la SRA indicó que en 2005 el Organismo Nacional de los Bienes del Estado (ONABE) indicó que la operación realizada en 1991 "no se trata de una simple compraventa" y menciono que "la misma fue condicionada por el Estado Nacional, teniendo en miras el interés público".

"Tales condicionamientos determinan que la venta en cuestión no fuese una operación estrictamente inmobiliaria en donde el valor del inmueble haya sido el determinante, sino que lo esencial en la misma resultó ser el destino del inmueble", explicó la Sociedad Rural, respecto a dichos expresado en 2005 por Fernando Miguel Suárez, otrora director ejecutivo de la ONABE.