Acuerdo comercial con Estados Unidos: se reactivó la negociación en el Congreso para su aprobación
Avanza en el Congreso un acuerdo clave en propiedad intelectual que el Gobierno considera estratégico para la relación bilateral con Washington. El debate expone tensiones políticas y económicas por el impacto en la producción nacional.
El Gobierno busca aprobar en la Cámara de Diputados el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en el Congreso en el mes de abril en un acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO): es uno de los compromisos clave incluidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos y lleva diferencias internas sobre el encuadre legislativo sumado a presiones del sector farmacéutico. En este sentido, este elemento sensible del entendimiento bilateral con Washington contiene el frente de propiedad intelectual que es el más complejo del acuerdo y desde el oficialismo reconocen que la discusión se aceleró en las últimas semanas por los plazos de implementación comprometidos con la administración estadounidense.
Acuerdo de Argentina con EEUU: cuáles son las diferencias internas
Una parte del oficialismo asegura que el expediente que obtuvo media sanción del Senado en 1998 quedó “obsoleto” frente a los nuevos compromisos asumidos con Estados Unidos en el actual escenario internacional. Por otro lado, otro frente interno sostiene la vigencia del antecedente parlamentario y que lo central pasa por empujar su tratamiento en Diputados sin reabrir toda la ingeniería legislativa.
El convenio establece un mecanismo global bajo la tutela de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), diseñado para unificar el registro de patentes en diversas regiones de manera simultánea. Para el Gobierno, esta ratificación constituye un gesto estratégico en materia comercial y diplomática, orientado a fortalecer el vínculo bilateral con la administración estadounidense.
Qué otras medidas planea el Gobierno
En el ámbito local, el Ejecutivo ya comenzó a reconfigurar el tablero normativo. El hito más reciente es la Resolución 75/2026 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), la cual no solo actualizó los cánones del organismo, sino que instauró la Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial (UMAPI). Este esquema entrará en vigencia en mayo, con indexaciones mensuales vinculadas directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esta decisión se articula con la derogación de las limitaciones de 2012 que condicionaban el patentamiento farmacéutico. Al eliminarse aquel “filtro” restrictivo para las invenciones químico-farmacéuticas, el INPI recupera la facultad de analizar cada expediente bajo el rigor de la Ley 24.481, sin los corsés regulatorios de la gestión anterior.
El frente interno presenta un escenario de alta sensibilidad política, con el foco de conflicto centrado en la industria farmacéutica. Mientras los laboratorios internacionales presionan activamente por la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para estandarizar criterios globales, las firmas nacionales mantienen una postura defensiva. Estas últimas advierten sobre las consecuencias negativas que la medida tendría en la competencia, la producción de medicamentos genéricos y el normal abastecimiento del mercado doméstico.
Esta conflicto de intereses atraviesa de forma transversal el núcleo de decisiones del Gobierno, donde conviven visiones contrapuestas. Por un lado, los sectores más pragmáticos impulsan la agenda exterior de alineamiento con Estados Unidos; por el otro, diversos cuadros políticos manifiestan dudas sobre el costo social y económico de avanzar con una apertura sin matices que podría terminar debilitando la estructura de la industria local.
