Denuncia por agresión sexual contra Julio Iglesias: posiciones enfrentadas en la política española
Cierta defensa pública para con Julio Iglesias, tras las denuncias por presunta agresión sexual y maltrato presentadas por dos exempleadas, profundizó la grieta política en España y reavivó el debate sobre la retirada de honores y distinciones oficiales al artista.
España atraviesa un nuevo foco de tensión tras conocerse las denuncias por presunta agresión sexual y maltrato presentadas contra el cantante Julio Iglesias por parte de dos exempleadas del artista.
Las acusaciones no solo generaron impacto en el ámbito artístico y mediático, sino que también abrieron un debate con posiciones enfrentadas dentro del arco político, especialmente en torno a la continuidad de los reconocimientos oficiales otorgados al artista.
Las denuncias, difundidas por los medios elDiario.es y Univision Noticias, motivaron pedidos para que se revisen y eventualmente se retiren méritos y medallas concedidas a Iglesias a lo largo de su trayectoria. En ese contexto, una de las defensas más resonantes provino de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura central del Partido Popular (PP), quien se manifestó públicamente a favor del cantante y rechazó cualquier intento de “desprestigio”.
La defensa a Julio Iglesias
Díaz Ayuso quedó en el centro del debate político tras defender públicamente a Julio Iglesias, y sus declaraciones profundizaron la grieta entre los distintos sectores políticos y reabrieron la discusión sobre la continuidad de los reconocimientos oficiales otorgados al cantante.
A través de sus redes sociales, Ayuso afirmó que la Comunidad de Madrid no se sumará “jamás” a iniciativas que busquen retirar honores al músico y lo definió como “el cantante más universal de todos”. Sus dichos surgieron luego de que dirigentes de Más Madrid reclamaran que se le quite la Medalla de Oro de la Comunidad, otorgada en 2012.
La mandataria madrileña también generó una fuerte controversia al cuestionar lo que calificó como un “silencio cómplice” de la “ultraizquierda” frente a la violencia contra las mujeres en otros países. “Las mujeres violadas están en Irán”, escribió, una frase que fue duramente criticada por referentes de la oposición y organizaciones feministas.
Pero la postura de Ayuso no fue compartida de forma unánime dentro del Partido Popular (PP). El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, tomó distancia de la defensa cerrada al cantante y pidió cautela. En declaraciones televisivas, señaló que las denuncias “son muy graves”, se mostró “muy sorprendido” por la información publicada y remarcó la necesidad de avanzar en la investigación para esclarecer los hechos.
En la misma línea conservadora, aunque con un tono más moderado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, relativizó los pedidos para retirarle distinciones al artista. Consultado sobre la posibilidad de quitarle el título de Hijo Predilecto de Madrid, concedido en 2015, respondió: “¿Por qué deberíamos hacerlo?”.
La izquierda reclama una respuesta institucional ejemplar
Desde Sumar y otros espacios de izquierda exigieron una reacción institucional contundente. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostuvo que retirar las medallas sería una medida “ejemplarizante” y subrayó que existe una diferencia clara entre la responsabilidad penal y la responsabilidad ética.
Además, adelantó que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, evaluará la situación de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que Julio Iglesias recibió en 2009. Desde el PSOE, partido del Gobierno, respaldaron el avance de la investigación, que ya se encuentra en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Las denuncias y el testimonio de las exempleadas
Las acusaciones contra el cantante se basan en los testimonios de dos exempleadas: una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta. Ambas relataron haber sido víctimas de agresiones sexuales, violencia verbal y humillaciones durante su vínculo laboral con el artista.
Según la investigación periodística, que incluyó entrevistas a 15 extrabajadores en residencias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España, el entorno laboral estaba marcado por el aislamiento, una estructura jerárquica rígida y un clima de tensión constante. Una de las denunciantes describió a Julio Iglesias como una persona “muy controladora”, que ejercía su poder “a través del miedo”, manteniendo al personal en un estado permanente de alerta.
