Reducen la jornada laboral sin bajar el sueldo: a quiénes afecta y cuántas horas se trabajarán
Esta modificación es parte de un plan gradual establecido por la Ley 2101 de 2021. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los empleados y fortalecer la productividad.
El Gobierno Nacional de Colombia precisó los ajustes en la jornada laboral para miles de trabajadores del sector privado en ese país. A partir de este año, la normativa exige que todas las empresas reduzcan la carga semanal a 44 horas.
Esta modificación es parte de un plan gradual establecido por la Ley 2101 de 2021. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los empleados y fortalecer la productividad.
Esta nueva etapa de la reforma comenzó a regir el pasado 15 de julio. El cronograma es progresivo: en 2023, la jornada pasó de 48 a 47 horas; en 2024 descendió a 46. La meta definitiva se alcanzará en 2026, con 42 horas semanales.
La ley es clara en que la reducción debe aplicarse sin recortar el sueldo de los empleados ni afectar sus prestaciones sociales o beneficios ya adquiridos. El Ministerio de Trabajo de ese país supervisará la implementación y sancionará a las empresas que no cumplan.
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El ajuste no incluye al sector público. Respecto a la hora de almuerzo, una duda frecuente, el Ministerio de Trabajo colombiano aclaró que este período “no será modificado” y seguirá sin contarse dentro de las horas laborales efectivas.
Qué dice la Ley 2101 de Colombia
La Ley 2101 de 2021 de Colombia establece la reducción progresiva de la jornada laboral semanal sin afectar el salario ni los derechos adquiridos de los trabajadores.
Esta normativa, que modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, fija como meta llegar a una jornada máxima de 42 horas semanales en 2026, y su implementación se está realizando de manera gradual: 47 horas en 2023, 46 en 2024, 44 en 2025 y finalmente 42 en 2026.
La ley permite distribuir estas horas en cinco o seis días, según acuerdo entre empleador y trabajador, siempre garantizando al menos un día de descanso. Entre sus puntos centrales, asegura que la reducción no puede implicar recortes salariales, ni afectar prestaciones como vacaciones, primas o cesantías.
