El presidente del Gobierno de España anunciará este lunes si decide abandonar o permanecer en la jefatura del Ejecutivo. Cómo se elegiría a su reemplazante y qué pasa si sigue en el cargo.
Por Canal26
Domingo 28 de Abril de 2024 - 17:30
Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: EFE.
Este lunes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciará si decide abandonar o permanecer en la jefatura del Ejecutivo. Sea cual sea su elección, está claro que marcará la vida política inmediata de España, y dará paso a muchos interrogantes.
Sánchez anunció esta semana que se daba cinco días para reflexionar si merece la pena seguir como presidente, tras la que calificó como una campaña de "acoso y derribo" en su contra por parte de la derecha (Partido Popular), la ultraderecha (Vox) y medios y organizaciones afines a ambos, que incluye ataques a su esposa, Begoña Gómez.
En tanto, la apertura de diligencias por parte de un juzgado de Madrid tras la una denuncia presentada contra ella por el autodenominado sindicato -de extrema derecha- Manos Limpias por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción fue el detonante de abrirle la puerta a una posible dimisión.
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La Constitución española prevé la posibilidad de que el presidente del Gobierno renuncie al cargo. El artículo 101 prevé el escenario de una dimisión o fallecimiento de jefe del Ejecutivo o de una pérdida de confianza parlamentaria.
En este caso en particular, la el abandono de funciones de Sánchez conllevaría que todo el gabinete, incluido el propio mandatario y sus ministros, continuarían en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.
En ese sentido, durante ese periodo, el Gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar o de convocar elecciones.
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Al igual que después de unas elecciones generales, sería el Congreso el encargado de elegir al sucesor Sánchez. El proceso, establecido en el artículo 99 de la Constitución, sería idéntico al de las investiduras que se celebran tras unos comicios al Congreso y al Senado.
Si el propio presidente no lo propone en su mensaje de renuncia, el Partido Socialista (PSOE) deberá designar un candidato a la investidura. Por una cuestión de jerarquía, lo natural es que entre esos sucesores se encuentren la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; o la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Pedro Sánchez junto a María Jesús Montero Cuadrado. Foto: EFE
De todas maneras, no es necesario que el relevo de Sánchez sea miembro del Gobierno, ni siquiera diputado, ni tampoco militante del PSOE.
Tras la elección del nuevo presidente, el rey Felipe VI debe hacer una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en el Congreso para así designar un candidato, el cual se sometería al debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados de 350) en primera votación o más "Sí" que "No", en segunda.
En caso de no lograr ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey podrían optar a la presidencia. Si tras ese tiempo nadie consigue la confianza del Congreso, las Cortes se disolverían de forma automática y se convocarían nuevas elecciones.
Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Reuters.
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En el caso de que Pedro Sánchez decida continuar en el cargo, debería esperar hasta finales de mayo para convocar elecciones. La ley establece que los comicios anticipados no pueden convocarse hasta pasado un año de la anterior disolución de las Cortes, que se hizo efectiva con su publicación en el Boletín oficial del Estado el 30 de mayo del 2023.
Para convocarlas, el presidente del Gobierno no puede estar en funciones así que, o Sánchez permanece en el cargo, o debería ser su sucesor o sucesora el que las convoque, pero no antes de ese plazo, desde entonces, podría aprobarse el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, que se celebrarían pasados 54 días, es decir, la última semana de julio.
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El presidente puede mantenerse en el cargo pero presentar un cuestión de confianza, figura incluida en la Constitución. Esta medida es una reválida de la investidura a la que se somete voluntariamente el líder del Gobierno en momentos de debilidad frente al Parlamento y mediante el cual pide expresamente el respaldo a su continuidad.
Según establece el Reglamento del Congreso, el debate se desarrolla con el mismo formato que las sesiones de investidura y la confianza es otorgada cuando obtiene el voto de la mayoría simple de los Diputados.
En caso de no obtenerla, sería lo mismo que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.
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