Especialistas constitucionales creen que el cargo de Petro no está en riesgo ni hay "golpe de Estado"

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Reuters.

El cargo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no está en riesgo por la investigación y formulación de cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña de 2022 por la supuesta violación de los topes de gastos, según expertos en temas constitucionales.

El CNE considera que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", ya que se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.

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El mandatario está convencido de que la actuación del CNE es un "golpe de Estado" e incluso llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) porque considera que ese organismo extralimitó sus funciones y no ha respetado su fuero presidencial.

Al respecto, el constitucionalista Juan Manuel Charry dijo que el CNE sí puede investigar y formular cargos contra los responsables de la campaña presidencial de Petro, lo que incluye al hoy jefe de Estado.

"El CNE sí puede investigar al presidente", indicó tajantemente Charry, quien aclara que lo que no puede hacer ese organismo es "destituir al presidente", debido a que si llega a encontrar alguna responsabilidad de su parte, quien debe ocuparse del caso es el Congreso, su juez natural.

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Investigar sin juzgar

Charry explicó que la Ley 996 de 2005 autoriza al CNE para que haga "revisiones y auditorías, en cualquier tiempo, a los ingresos y gastos de campaña, y en caso de comprobarse infracción se impondrán sanciones desde multas, congelación de giros, devolución de recursos y, tratándose del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo, según el procedimiento de juicio político por indignidad".

Según el CNE la campaña de Petro violó los límites de gastos en 5.355 millones de pesos. Para Charry es claro que el CNE sí puede investigar y formular cargos contra la campaña Petro, pero subrayó que en caso de que haya sanciones, así sean administrativas, solo podrían recaer en la campaña y no en el presidente.

"La función del CNE es probar si hubo o no vulneraciones durante la campaña y, en caso de ser así, enviar las pruebas a la Cámara de Representantes, concretamente a la Comisión de Acusaciones", sostuvo Charry, quien resaltó que ese órgano es el único que puede acusar al jefe del Estado.

Las oficinas del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Foto: Reuters.

Si el CNE llega a probar que hubo irregularidades y envía el expediente a la Comisión de Acusaciones, ésta puede proponer a la plenaria de la Cámara de Representantes una acusación contra Petro que, si es aceptada, la traslada al Senado, en donde la estudiará una comisión equivalente que, a su vez la lleva a una plenaria.

"Si la plenaria acepta la acusación para adelantar el juicio se procede a suspender al presidente del cargo, se aplica la sanción y pierde el cargo como consecuencia de la infracción", señaló Charry.

Esa posibilidad es bastante remota, ya que el Congreso nunca destituyó a un presidente colombiano y el proceso que más lejos llegó fue el juicio político a Ernesto Samper, absuelto por la Cámara de Representantes de la acusación de ingreso de dinero del narcotráfico en su campaña electoral.

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La continuidad

Cumplir todos los plazos del proceso lleva su tiempo y que el CNE determine si "hubo o no ilegalidad" en la financiación de la campaña de Petro puede alargarse hasta junio de 2025. "El CNE puede sancionar al gerente y a los demás con multas y sanciones administrativas, pérdida de personería jurídica para los partidos políticos", desglosó Charry.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Reuters.

Para el constitucionalista lo que está haciendo el presidente Petro al criticar al CNE y decir que hay en marcha un "golpe de Estado" es errado. "Lo veo mal porque me parece que cae en un error en el que suelen incurrir los presidentes y es que creen que la forma de abordar los controles jurídicos es con respuestas políticas", concluyó.