Liberan a José Potocar, ex jefe de Policía de la Ciudad de Buenos Aires
El juez de instrucción Ricardo Farías ordenó este martes, liberar al ex jefe de Policía de la Ciudad, José Potocar, acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a comerciantes de Saavedra y Núñez a cambio de protección.
Así fue determinado por la Justicia tras fijar el pago de una caución de $100 mil, por lo que Potocar saldrá en libertad tras varias semanas de permanecer detenido.
La excarcelación de Potocar se dio luego de la liberación del exjefe de la Policía Federal Guillermo Calviño, quien también está siendo investigado en esta causa por el fiscal porteño José María Campagnoli.
La investigación judicial apunta muy concretamente a una asociación ilícita, de la cual Potocar es considerado como su jefe, que tenía como principal objetivo el cobro de coimas a cambio de seguridad para locales comerciales y también para proteger la actividad de los trapitos en los barrios de Saavedra y Núñez.
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Los hechos tuvieron lugar cuando José Potocar se encontraba a cargo de la Dirección General de Comisarías (DGC) de la Policía Federal y tenía el control total del manejo de las diferentes seccionales.
Entre otras cosas, los investigadores tomaron como prueba contra el ex jefe de la Policía de la Ciudad, un cuaderno secuestrado con las siglas "DGC" de la comisaría 35, con jurisdicción en Saavedra y Núñez, donde se anotaban los pagos hechos por los comerciantes.
Así mismo, el comisario Marcelo Stefanetti, como "arrepentido" y uno de los acusados, dijo categóricamente que los sobornos que pagaban los comerciantes llegaban a manos de Potocar.
Según la investigación, la recaudación ilegal estaba organizada por Susana Amalia Aveni y por Norberto Federico Villarreal, autoridad máxima de la Comisaría 35 de la PFA desde enero de 2016, quien todavía está prófugo de la Justicia.
En la causa, se afirmó que Potocar también contaba con la complicidad y colaboración de subordinados, algunos de los cuales eran quienes se presentaban ante los comerciantes para reclamar los pagos ilegales.
