Salud Mental y Fraude de Pensiones por Invalidez: los proyectos de ley que envió el Gobierno al Congreso
El gobierno de Javier Milei remitió dos proyectos al Congreso para modificar la Ley de Salud Mental y auditar las pensiones por invalidez, dos de los ejes que se discutió en la última reunión de la mesa política encabezada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El Gobierno remitió al Congreso dos proyectos de ley clave durante este viernes 17 de abril que habían sido debatidos previamente en la mesa política encabezada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Estas iniciativas buscan reestructurar la Ley de Salud Mental y establecer mecanismos de control sobre las pensiones no contributivas.
Nueva Ley de Salud Mental del Gobierno
El nuevo texto legal subrayó que la propuesta “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria”. Desde el Ministerio de Salud argumentaron que se requiere “actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
El enfoque principal es “superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción”. Entre los cambios más significativos se encuentran:
- Prevalencia médica: se busca “dar un rol central a la mirada técnica-médica a la prevención y abordaje de la salud mental y al tratamiento de adicciones, al darle mayor relevancia a los especialistas médicos formados en psiquiatría”.
- Nueva terminología: se sustituye “padecimiento mental” por la Clasificación Internacional de Enfermedades, “incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”.
- Internaciones involuntarias: se reemplaza el “riesgo cierto e inminente” por la “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Según el Gobierno, esto permite “establecer una formulación más abarcativa y clarificadora” para evitar “situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales”.
El proyecto ratifica que la internación será “un recurso terapéutico excepcional” y prohíbe la discriminación, advirtiendo que “el rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio”.
Fraude de Pensiones por Invalidez
La segunda iniciativa aborda las irregularidades en las pensiones por invalidez y el proyecto señaló que entre 2003 y 2023, el número de beneficiarios escaló de 76.000 a 1.200.000. Para el gobierno de Milei “la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”.
Tras detectar auditorías con “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales”, incluyendo “domicilios inexistentes”, el Gobierno afirmó que esto “genera un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional”. Es por eso que el proyecto propone:
- Herramientas para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”.
- Reempadronamiento obligatorio y cruce de datos.
- Fijar la prestación en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio”, estableciendo incompatibilidades con el trabajo formal.
