Piden juicio político al fiscal que investigó el asesinato de Candela Rodríguez

El Fiscal General de Morón, Federico Guillermo Nieva Woodgate, podría ser sometido a un jury de enjuciamiento si prospera una acusación que lo vincula con delitos de lesa humanidad cometidos cuando se desempeñaba, durante la dictadura militar, al frente de Juzgado Penal 4 de Lomas de Zamora.

La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires "decidió asumir el rol de acusador e impulsar el pedido de juicio político contra Federico Guillermo Nieva Woodgate", según informó su titular, el diputado Gabriel Villegas.

La investigación contra Neiva Woodgate y otros magistrados y funionarios del Poder Judicial bonaerense se inició en octubre de 2010, a partir de la presentación efectuada por Adolfo Pérez Esquivel en su carácter de Presidente de la Fundación Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

En esa presentación se solicitó a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento que “se lleven a cabo las medidas de investigación correspondientes a fin de establecer la verosimilitud de los hechos presentados, se individualice los participes necesarios para garantizar la impunidad judicial de los delitos de lesa humanidad perpetrados".

Nieva Woodgate fue juez penal de Lomas de Zamora durante los años de la dictadura militar y según una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerese, que citó Villegas, "existe certeza de que todos los jueces de la Provincia de Buenos Aires sabían de la existencia de ciudadanos desaparecidos".

"Además, hay casos donde se tramitaba la desaparición forzada de personas como privaciones ilegales de la libertad para no librar los oficios correspondientes y en consecuencia, evitar que la naturaleza de los hechos imputados constituyeran delitos de lesa humanidad", explicó el titular de la Comisión.

Villegas dijo que sobre la base de esas denuncias, que se desprenden además de los juicios llevados a cabo por las desapariciones relacionadas con la Unidad Penal 9 de La Plata, "la Comisión inició las investigaciones en noviembre de 2010 a fin de recabar informes para comprobar la verosimilitud de los hechos contenidos en la denuncia".

"Concretamente, en el expediente hay una copia de un oficio librado el 27 de enero de 1977 por el Alcaide de la Unidad 9 de La Plata al juez Federico Guillermo Nieva Woodgate poniendo en su conocimiento que el detenido Angel Alberto Georgiadis Otero sería trasladado por personal militar para indagatoria, a una unidad militar", agregó.

Según Villegas "existe otro informe que certifica que la muerte de Giorgiadis ocurrió el 2 de febrero de 1977, esto es, seis días después de la referida comunicación".

El legislador aseguró que “a partir de la investigación, la Comisión ha tenido por verosímiles los hechos en materia de imputación, y la votación para constituirnos en denunciantes fue unánime”.

“La Comisión representa a la gente, y asumió la responsabilidad haciéndose cargo de la función que debían cumplir cada uno de los integrantes, por eso podemos decir que sin miedo, y buscando la verdad objetiva hemos arribado a esta denuncia que es la primera de este tipo en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Villegas.